Ley de Salud, esfuerzo que vale la pena

Con la impactante frase de que “Ahora los colombianos somos pacientes y no unos simples clientes”, el presidente Santos sancionó la ley marco o estatutaria de la salud, luego de varios meses de haber sido aprobada por el Congreso, hecho que muchos interpretaron de distinta forma, en función de sus intereses en el tema o en la política. Sin duda que el trámite legal de la sanción es fundamental como la establece la Constitución, pero son más importantes y grandes las expectativas generadas con las disposiciones que se adoptan en un tema de tanta trascendencia, quizá el primer gran cambio desde que se expidió la Ley 100 de 1993 que abrió a la competencia e incluyó, entre otros instrumentos, la creación de un esquema de aseguramiento a través de las EPS y de prestación de los servicios con las IPS.

Son muchas las nuevas medidas incluidas en la Ley que se acaba de expedir, el Gobierno tiene dos años para publicar la reglamentación del caso y presupuestar los recursos que se requieren para poner en marcha el nuevo plan de salud, que a decir verdad, no se conoce con certeza el monto, al punto que se habla de un cifra anual superior a $5 billones, nada despreciable y más ahora que no se vive un buen momento fiscal.

El país tiene una de las coberturas poblacionales más amplias en salud no solo en Latinoamérica, sino en el mundo y nadie puede estar en contra de que todos puedan acceder sin límite a los servicios de salud, pero hay que ser conscientes de la limitación de los recursos financieros y físicos para cumplir con ese loable objetivo de la noche a la mañana. En ese sentido hay que llamar la atención sobre la generación de falsas ilusiones en asuntos como los tiempos de espera en procedimientos médicos y quirúrgicos, tal como sucede en todo el mundo, incluyendo a los países más adelantados.

Un capítulo especial de la Ley tiene que ver con los tratamientos en urgencias, lo cual sin duda es transcendental. La idea es que hospitales y clínicas no podrán alegar problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS o problemas burocráticos de autorizaciones para limitar la prestación de esos servicios, lo cual de alcanzarse sería un gran avance. Lo mismo se puede decir de la portabilidad nacional de una afiliación, que no es otra cosa, que cualquier ciudadano pueda ser atendido si requiere atención médica, no importe donde se encuentre.

Hay que ser pragmáticos, se debe garantizar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y la paliación de una enfermedad y que los usuarios tienen no solo derechos sino deberes como cuidar su salud y actuar con solidaridad, puntos que se deben reglamentar muy bien.