¿Son necesarias las Zonas de Reserva Campesina cuando El Presidente habla del imperio de la ley en todo el territorio?
Por muchos años amplias zonas del país estuvieron huérfanas de la presencia del Estado colombiano. En esos territorios inhóspitos a través del tiempo se incubaron toda una suerte de problemas sociales, económicos y políticos que se le salieron de madre a los gobiernos recientes. Allí florecieron cultivos ilícitos y se armaron grupos guerrilleros, al tiempo que creció una pequeña sociedad de campesinos desarraigados que hoy reivindican espacios vitales y legales para su propio desarrollo. No siempre la génesis de esas ‘repúblicas independientes’ se originó en cultivos ilícitos y después guerrilla, también hubo zonas en las que el Estado nunca se hizo sentir y los habitantes, construyeron carreteras, escuelas, hospitales y autodesarrollaron sistemas de producción agropecuaria.
Ese aire de independencia administrativa, producto del olvido estatal y la fuerte presencia de grupos guerrilleros, hoy reivindica su existencia y se abre paso como un ‘hueso duro de roer’ para el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana. Las llamadas zonas de reserva campesina tienen en común problemas de orden público, resistencia social al Gobierno de turno, olvido estatal y cultivos de marihuana, amapola y coca. Toda una suerte de problemas que desde Bogotá muchas veces no se entienden. Ese es el retrato del Cauca, Caquetá, partes de Antioquia, Guaviare, Vichada, entre otros departamentos que tienen estas bolsas sociales que siempre han sido el caldo de cultivo de las problemática nacional vinculada a la guerrilla y al paramilitarismo.
No hay que asustarse con este debate; ni con que el Congreso se amplíe para darle paso a 15 o 12 representantes de la guerrilla desarmada. Siempre serán mejor 15 curules que 15 frentes guerrilleros. Y a todas luces es mejor hablar de zonas de reserva campesina plenamente identificadas que zonas rojas donde no entra el Estado ni a donde nunca llegó la llamada seguridad democrática. Por fin alguien en la guerrilla y en el Gobierno están tocando temas clave para un acuerdo que toque los temas neurálgicos para las futuras generaciones. En La Habana se plantean 9,5 millones de hectáreas con autonomía administrativa y seguramente habrá unos tres o cuatro millones que hoy trabajan de esta manera. Recordemos que estos espacios fueron reconocidos por la Ley 160 de 1994 y que en la actualidad hay constituidas unas seis que ya ocupan 835.000 hectáreas en seis departamentos. Pero hay casi un centenar de comunidades que ven en este mecanismo de zonas de reserva, una manera de salir adelante.
No hay que satanizar ningún tema ni otorgarle una carga política muy pesada que le genere demasiado carácter a las polémicas legítimas en un país, que si verdaderamente quiere reconciliarse, deberá asumir que en el territorio nacional cabemos todos.
