Agregue a sus temas de interés
Demandar al Estado es una de las prácticas en contra de todos que terminamos pagando con impuestos, algunas veces con complicidad de funcionarios
EditorialLR
Hay dos tipos de mafias que se han especializado en robar a toda la sociedad colombiana a través de millonarias demandas en contra del Estado, representado por todos los gobiernos y las instituciones de carácter nacional y regional. Los primeros y más básicos son los empleados públicos que cometen errores deliberados o premeditados en sus funciones con el objetivo de favorecer a demandantes, quienes terminan trabajando en conjunto en para esquilmar los recursos públicos. ¿Cómo funciona esta modalidad? Uno de los ejemplos más abundantes es cuando un secretario de algún municipio despide a un empleado bajo su control de manera injusta o saltándose cualquier procedimiento legal o laboral. El empleado en mención demanda al municipio, y cuando el funcionario que ejecutó la acción termina su periodo, se une al demandante para aportar pruebas para que condenen al gobierno local o alguna entidad pública. La totalidad de los departamentos y municipios en Colombia tienen abiertas demandas millonarias de funcionarios, lo que se ha convertido en un desangre para las arcas públicas.
La siguiente modalidad de demanda contra el Estado es la más cuantiosa y tiene que ver con la docena de querellas internacionales que pesan sobre el Estado colombiano. Estos pleitos por lo general arrancan en los incumplimientos de muchas multinacionales que llegan a Colombia, ganan licitaciones, compran empresas, no cumplen con lo pactado y terminan siendo intervenidas por incompetencia o corrupción; en ese punto, alegan expropiación y falta de seguridad jurídica y demandan al Estado: es el caso de la firma española, Gas Natural Fenosa, la brasileña, Odebrecht y Telefónica de España por la reversión de la infraestructura celular, los tres entre los casos más recientes. A los ojos de los tribunales internacionales existe un caso, pues una cosa separada es la incompetencia y la corrupción de los españoles y los brasileños, respectivamente, y otra muy distinta los derechos adquiridos por contratos sobre proyectos o empresas, caso Electricaribe y la Ruta del Sol. Si bien en Colombia se entiende y se comparte que una empresa como Gas Natural Fenosa fue inferior al reto de prestar con calidad su servicio de energía, en su país venden el caso como una expropiación. Los brasileños de Odebrecht, por su parte actuaron de manera oscura y delictiva sobornando funcionarios para ganarse millonarias licitaciones, además de aportar a campañas políticas y poco o nada avanzaron en la licitación que ganaron, ahora reclaman porque a su juicio y de sus abogados hubo incumplimientos en los contratos. El otro caso curioso o cínico es el de Telefónica que se querella contra el Estado, su socio en Coltel y demanda ante la mirada silenciosa de los ministros que estaban en sus juntas. Así las cosas, el país debe tener una línea de defensa de las pequeñas y grandes cosas, para que los abogados especializados en tribunales de arbitramentos y en demandar municipios y gobernaciones no la tengan fácil y verdaderamente se falle en ley. Claro que la corrupción de los funcionarios es uno de los mayores problemas del país, pero también la orfandad de dolientes del Estado. Son muchas las demandas que pierden todos los colombianos y que se pagan con impuestos por decisiones erradas de alcaldes, ministros, militares, etc.
La gente no está comprando o consumiendo, así lo demuestra la nula variación de los precios en julio, lo que se convierte en una peligrosa tendencia para la recuperación económica
Las juntas directivas deben entender y tomar decisiones en la alta gerencia de las empresas, pues la crisis puede demorar y se necesitan presidentes y gerentes con otras competencias
