La venta de Isagen fue una decisión de Estado

La venta de la participación del Gobierno en Isagen fue una decisión sustentada en la necesidad de generar recursos para financiar el programa de construcción de infraestructura de cuarta generación. La controversia fue amplia y los argumentos se expusieron por cada una de las partes: para quienes estaban en favor de la enajenación, implicaba el cambio de un activo por otro, lo cual es un asunto normal y en momento alguno se estaba atentando contra el patrimonio del Estado, en tanto que quienes estaban en contra hablaban de detrimento, inconveniencia y bajo precio dados los indicadores de la compañía.

De acuerdo o no con la venta, el negocio surtió el proceso legal luego de que el Consejo de Estado despejara el camino, los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría hicieron su tarea no exenta de advertencias y el Congreso realizó debates dentro del marco de sus funciones constitucionales de control político. Ahora bien, siendo una decisión de Estado, correspondió al Ministro de Hacienda liderar el proceso en el entendido que una de sus funciones es velar por los intereses fiscales, para lo cual contó con todo el apoyo, asesoría y respaldo del aparato administrativo, operativo y jurídico del Gobierno, como el Ministerio de Minas, el Departamento Nacional de Planeación y el administrativo de la Presidencia.

Cada uno de los organismos de control tiene definidas sus funciones para evaluar lo hecho con Isagen. Las acciones disciplinarias contra los funcionarios públicos es tarea de la Procuraduría y el control fiscal es resorte de la Contraloría, para lo cual cada una de ellas tiene una batería de elementos para desarrollar su trabajo. Luego de sus investigaciones, se conocerá su dictamen, pero siempre teniendo en cuenta que la decisión de salir de la empresa fue de Estado y no un capricho de un funcionario en particular.

Lo que sí resulta extraño y muy discutible es la decisión de la Fiscalía de abrir investigación al Ministro de Hacienda por violación de la Ley, más allá de los aludidos asuntos administrativos y de control fiscal. La verdad es que en este caso no parece tener sustento la actuación de ese organismo más allá de un afán político, mediático y de complacencia con un sector de la opinión que solo genera incertidumbre, incredulidad y mayor desconfianza en la administración de la justicia, ya de por sí deteriorada.

Es cierto que la Fiscalía no ha tomado decisión alguna y hasta ahora la investigación está en su etapa preliminar, pero aún así parece exagerada y es una extralimitación de funciones judiciales, en el entendido que no cabe en momento alguno siquiera indicios de delitos como prevaricato y concierto para delinquir por parte del titular de Hacienda.

No puede prosperar la idea de que controversias políticas o teóricas que dividen a la opinión terminen siendo objeto de investigaciones penales y pretendiendo acercarlas a pleitos judiciales.