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La idea era sacar una muy necesaria reforma fiscal que no tocara a las personas, pero de 35 se saltó a 56 artículos y los congresistas ya le han metido casi 350 proposiciones
El Gobierno Nacional no consiguió dejar lista una nueva reforma tributaria antes de septiembre, la tercera de su mandato, una meta que era necesaria para que la discusión en el Congreso no esté contaminada de posturas políticas de corte populista que puedan enredarle el camino de recuperación a las cuentas nacionales. Es cierto que el Ministerio de Hacienda buscó construir consensos y lograr acuerdos sobre el proyecto de ley de inversión social antes de radicarlo, con los gremios que representan los empresarios, se llegó a 35 artículos, pero inexplicablemente durante la ponencia, casi que se duplicaron a 56 y hay en la fila la consideración de 344 proposiciones que hicieron varios congresistas para “mejorar” el articulado, que en total generarían 408 cambios en el texto inicial.
En pocas palabras vuelve y se repite la historia de todas las tributarias que entran con buenas intenciones a los debates en el Congreso, pero de allí salen convertidas en verdaderas colchas de retazos o de árboles de Navidad, pues representantes y senadores ponen a andar sus intereses y deforman la iniciativa. El problema es que muchos congresistas con esa postura, carente de tacto en la opinión pública, tientan la protesta social y pueden generar otra ola de vandalismo y bloqueos como los que se dieron el pasado mayo, cuando se presentó el primer intento y que terminó con la salida abrupta del equipo.
Los empresarios, a través de los gremios de la producción, en particular de la Andi, presentaron una contrarreforma tributaria bien intencionada y menos ambiciosa que cargaba con el grueso de la nueva cascada de impuestos; el objetivo del sector productivo no era distinto a ser solidarios con la situación del país y rechazar o aplazar las gabelas que les había otorgado el Gobierno Nacional de reducción de impuestos, aplazamientos de tributos y otros beneficios. El problema ahora es que se vuelva al mismo contexto de conflicto social que impactó negativamente el comportamiento del PIB de mayo y junio. Es cierto que la economía creció, pero los análisis esperaban que el primer semestre estuviera en dos dígitos y no en 8,8%, tal como reveló el Dane.
No es el momento de extender el plazo del Paef, revisar los tratados de libre comercio, utilizar la factura electrónica para hacer la devolución del IVA de bienes exentos, aumentar el alcance del Régimen Simple de Tributación, ni mucho menos de proponer recaudar más allá de los $15 billones propuestos por el Gobierno. Es inevitable dejarle al próximo mandato propuestas novedosas tributarias para recuperar las finanzas públicas; de verdad sacar adelante una reforma tributaria estructural y cortar por lo sano la vieja costumbre de hacer una reforma tributaria anual, tal y como lo han hecho los últimos gobiernos, que como antesala de la discusión del presupuesto general de la Nación, radican una tributaria enviando un mensaje de “inseguridad tributaria” que afecta los planes de los inversionistas.
El Congreso no debe sobre actuarse en la discusión tributaria ni debe empujar al país al abismo del déficit fiscal abultado o la disparada de la deuda externa; esta debe ser una discusión tributaria simplista de cara a la opinión pública que no grave a las personas naturales y se cimiente en la solidaridad de los empresarios, quienes una vez más, pagarán más impuestos y seguirán generando empleos formales.
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