La temida sombra de la expropiación

Hace unos 15 años en Venezuela, el verbo más usado por el novísimo régimen chavista era “expropiar”, que se convirtió en un mandato constitucional al que le obedecieron los militares, los alcaldes y los gobernadores chavistas del rico, pero empobrecido, país lleno de petróleo y gas.

Tres lustros más tarde, los herederos de Chávez están en estampida y su máximo líder, Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos. Expropiar por puro uso y abuso del poder rindió sus frutos y condenó al país no solo a la pobreza de sus gentes, sino a la peor diáspora que se ha vivido en el continente.

Lo primero que debe enderezar la nueva Venezuela, de la mano de Estados Unidos, es reparar el terrible afán de los chavistas de quitar cosas materiales, carros, tiendas, lotes, terrenos, pequeñas y grandes empresas, factorías, bancos, supermercados, medios de comunicación, entre otras muchas cosas, a las personas que no eran adeptas a sus ideas.

Los gobernantes de marras olvidan deliberadamente que la protección de la propiedad privada es fundamental en un país y que es muy importante cuando hay inversionistas extranjeros en los proyectos desarrollados. Si un empresario desarrolla un proyecto para su lucro y en beneficio de una región, invita inversionistas extranjeros para que pongan capital y conocimiento, pero un gobierno decide por pura y dura ideología expropiarlo, comete un grave delito a nivel internacional porque la propiedad está protegida en todo el mundo, no solo frente a la expropiación o extinción de dominio, sino también frente a decisiones de autoridades que generan un efecto expropiatorio.

El caso de Venezuela es elocuente y desde los próximos años tendrán que soportar enormes demandas penales por robar propiedad protegida que no era de ellos. Existe la figura de expropiación indirecta, en la cual una regulación administrativa o una providencia judicial tiene como consecuencia restringir la propiedad o anularla; hay implicaciones diplomáticas negativas, la expropiación genera responsabilidad para el Estado en muy elevadas cuantías, usualmente fruto de condenas en paneles arbitrales internacionales.

Así parezcan cosas del pasado, América Latina sí se está liberando de las ideas de expropiación, máxime ahora que ha caído Maduro. Desde comienzos de este siglo, varios países del vecindario expropiaron, nacionalizaron e hicieron cambios contractuales equivalentes a expropiación, especialmente en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, cemento, alimentos y tierras agrícolas.

Siempre las justificaciones son las mismas: soberanía, control estatal, redistribución o comunidades. Cuando se comparan los resultados, siempre los resultados son los mismos: efectos sobre inversión, producción y crecimiento, pero siempre pobreza y corrupción estatal.

El riesgo país a los gobiernos expropiadores no les importa, ni el déficit, ni las consecuencias en los mercados, menos aún el costo de financiación, al tiempo que el clima de inversión se enrarece y cuesta mucho tiempo recuperarlo.

El presidente Petro cae en ese error con su anuncio la semana pasada de la regasificadora en el Caribe. Colombia no puede caer en un ciclo de expropiaciones tardías, pues el país siempre ha vivido a la penúltima moda, como decía Álvaro Gómez, y por puro populismo se empiecen a tomar decisiones cargadas de ideologización y resentimiento, olvidando que las expropiaciones reducen la entrada de capital privado necesario para el desarrollo, justo el que financie proyectos de largo plazo.