La intempestiva renuncia del Superintendente de Salud alegando que su polémico trabajo había pisado oscuros y poderosos intereses en el sector, evidenció que el sistema está capturado por la corrupción desde sus inicios y que amerita una revolcón estructural, antes de que sea tarde y explote una crisis en la atención médica y hospitalaria sin precedentes en la historia del país. En esta ocasión, todo parece indicar que el Presidente y sus ministros han actuado de manera preventiva y no con efecto retardado como ha ocurrido en los dos últimos años.
Se le abona al Gobierno Nacional que haya actuado con rapidez antes de que el sistema de salud colapse con graves perjuicios para la población, y que ocasione una ola de protestas que minen la golpeada gobernabilidad de la administración Santos. La crisis de las Empresas Promotoras de Salud, de los hospitales y clínicas, se suma a la de los indígenas en el Departamento del Cauca y destapa otro frente de atención prioritaria para el Gobierno, que se apresta a completar dos años de mandatos en medio de una inusitada crispación social.
Hay que apoyar al Gobierno Nacional en su fórmula para sacar a los corruptos e inescrupulosos del sistema y apostarle a que le funcione su receta. De las arcas nacionales saldrán para la salud $1,2 billones en los próximos dos meses para subsanar deudas y fortalecer planes deteriorados. Simultáneamente, se expedirá un decreto en el que se ordenará la intervención de varias EPS que se han convertido en una ‘Cueva de Rolando’ con graves consecuencias para las finanzas estatales y para los mismos usuarios. Está claro que deben entrar a actuar la Contraloría y la Procuraduría, pues son muchos los funcionarios y los empresarios que se han beneficiado del desangre de la salud.
El Presidente anunció también un ‘revolcón’ en la Superintendencia de Salud. Es evidente que el carácter técnico de este organismo de control y vigilancia es mínimo y que desde hace años está capturado por intereses corruptos. Debe haber más papel en el sector para la Superintendencia Financiera, pues las EPS tienen modelos de negocios montados sobre complejas variaciones financieras que carecen de supervisiones técnicas. La esperada liquidación de la Comisión de Regulación de la Salud debe ser inmediata y las funciones asumidas “temporalmente” por el Ministerio de Salud, que es la cartera obligada a recomponer esta problemática.
No podemos retroceder en el gran rediseño que se le hizo a la salud en la década de los años noventa, ni dejar que intereses retrógrados reversen los avances empresariales que tienen las EPS fuertes y responsables. Lo que hoy debe hacer el Gobierno es blindar el sistema y tener una hoja de ruta de competitividad y mejor servicio para todos los colombianos.
