La discusión del mínimo se debe reinventar

Con los acercamientos directos del Ministerio del Trabajo, en nombre del Gobierno, con los voceros sindicales y luego con los representantes del sector privado, continuó la discusión sobre el aumento del salario mínimo legal para los próximos doce meses y que determinará no solo el incremento de la asignación básica, sino el parámetro para los niveles superiores de sueldos y para otros reajustes atados al incremento fijado, como los arrendamientos y las tarifas de trámites y sanciones.

El país lleva muchos años en esta discusión que puede dejar como enseñanza distintos puntos de la agenda pública, pero los resultados no han sido los más efectivos y concretos, en el entendido que la mayor parte de las veces se termina fijando a través de un decreto ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas, empleados y trabajadores. Y luego al final del año siguiente se inicia de nuevo el ciclo. No es de extrañar que en esta oportunidad ocurra lo mismo, dadas las diferencias tan amplias en las posiciones: mientras los empresarios plantean un aumento de 6,8% los trabajadores piden un incremento no inferior a 8%. 

Es cierto que en esta oportunidad hay elementos que le dan a la negociación una coyuntura particular debido al aumento de la inflación en el año que termina, variación que no se puede desconocer impacta la capacidad de compra de los ingresos, en especial de los trabajadores y sectores más vulnerables de la población, dando validez a la teoría de que la inflación es el peor impuesto. Es claro que su impacto trasciende la mera negociación del aumento salarial e impacta la situación en general al distorsionar el manejo de algunas variables fundamentales para el buen desarrollo de la actividad productiva, las finanzas públicas y las cuentas del sector externo.

Es hora de comenzar a discutir acerca de la conveniencia de profundizar el modelo de definición del mínimo más allá de la definición de un porcentaje o si unas décimas más o menos determinan el comportamiento del empleo o de la misma inflación futura en el sentido que constituye un factor inercial en cualquier sentido o incluso en defender a ultranza un aumento alto como fórmula para mejorar las condiciones estructurales de vida de los trabajadores. Es evidente que hay más elementos que deberían involucrarse en las discusiones con una visión de más largo plazo con el objeto de obtener beneficios con visos estructurales. Se debe definir una agenda de aspectos modernos que interesan a trabajadores y son de interés de los empresarios. El bienestar y calidad de vida debe ser finalmente el objetivo para lo cual hay que tener en cuenta temas como la capacitación laboral, flexibilidad, horarios de trabajo y bienestar. El salario solo sería un elemento de una política integral que busque mejorar las condiciones de quienes están en la escala inferior de las remuneraciones.