La corrupción carcome la institucionalidad

Esta semana que termina las noticias más comentadas en los medios de comunicación y las redes sociales no fueron muy distintas a las de la semana pasada, y seguramente serán las mismas de las venideras. Esta vez el turno para rendir cuentas ante la justicia, por órdenes de captura, inhabilidades o por denuncias públicas, fue para un gobernador, otro ex gobernador, un director de la penitenciaría y un candidato a la Alcaldía Mayor. Es una crónica de nunca acabar el drama que vive Colombia con la corrupción que está carcomiendo la institucionalidad del país. Un extraditable que le tiene salario a los funcionarios de la cárcel en donde está recluido esperando turno para ser enviado a Estados Unidos; un prestigioso abogado con aspiraciones políticas que está acusado de sobornar personas; un gobernador en ejercicio y un joven ex gobernador de Córdoba, refugiado en el Sur de la Florida que se burla de las acusaciones que le hacen por saquear las arcas de su departamento. El panorama es tan desolador que obliga al Gobierno Nacional recién instalado a liderar una verdadera “purga general” que le devuelva a la confianza a las debilitadas instituciones.

Vale la pena nombrar los personajes inmersos en hechos de corrupción para que al menos quede la sanción social: el mayor, Luis Perdomo, director de La Picota; el gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile, inhabilitado por 10 años; ex gobernador del mismo departamento, Alejandro Lyons, y el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Alex Vernot. Nombres que engrosarán la larga lista de personas con deudas con la sociedad y quienes son una muestra de que infringir la norma y atacar las instituciones no es el camino. El problema con todos estos destapes es que son pan de cada día y que llegan a la opinión pública con tanta frecuencia que hacen pensar que en este momento en cualquier lugar de Colombia hay algún personaje prestándose o ejecutando un acto de corrupción. No hay un torniquete que esté parando el desangre, ni hay un plan real para hacer que las nuevas generaciones no caigan en estas mismas fallas.

No hay mucho sustento científico de cuánto se pierde al año por corrupción en Colombia, pero tanto la Contraloría General como la Procuraduría e instituciones más independientes como Fedesarrollo o Anif, han hablado en distintos momentos en los últimos años de una cifra entre los $40 y $50 billones, un monto que nadie sabe a ciencia cierta, pues si se pudiera medir en realidad seguramente se combatiría con más eficiencia. El problema es que la corrupción es incuantificable, pues involucra muchas pérdidas materiales, ineficiencias e incompetitividad. Por ejemplo, varias inversiones dejan de llegar al país porque el Estado no garantiza de transparencia o simple libre competencia. Los hechos ocurridos la semana que termina, por ejemplo, nadie los cuantifica, pero el lastre que arrastran las instituciones comprometidas es enorme en recobrar su respetabilidad y confianza. Ahora bien, hay regiones del país y dependencias gubernamentales en las que el Estado está capturado por mafias que no dejan entrar a las oficinas de control y vigilancia. Todo lo que está sucediendo se convierte en un mensaje de alerta, pues se libra una guerra entre quienes luchan por un país que respete la ley, frente a otros que ven en las arcas del Estado un botín para saquear.