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Las multilatinas colombianas necesitan respaldo del gobierno nacional y una clara diplomacia que las defienda
No se trata de una ola de expropiaciones lo que hoy experimentan las empresas españolas en América Latina, tal como algunos políticos y líderes de opinión de ese país lo han querido presentar en medio de su claro agobio económico que los mantiene a las puertas de la economía comunitaria.
El caso de Repsol en Argentina y de Transportadora de Electricidad en Bolivia, son situaciones aisladas ocurridas al interior de regímenes populistas, quienes desde hace muchos años se habían alineado con los principios políticos del `nuevo bolivarismo` promotor de una verdadera avalancha de expropiaciones entre las cuales cayeron algunas compañías colombianas durante las administraciones tempranas de Hugo Chávez en Venezuela.
Lo que se nota claramente es una animadversión en algunos países en contra de inversiones españolas que han sido inferiores al reto de hacer progresar a esas economías, particularmente en el sector de los servicios públicos. No todos los intereses de empresarios españoles se deben meter en la misma canasta, pues hay compañías que verdaderamente han ayudado a crecer las sociedades en las que operan.
Lo que sí deja un aroma de preocupación es la posición que ha asumido el Fondo Monetario Internacional sobre el tema cuando advierte que no se mete en valoraciones de esas expropiaciones -particularmente la de Bolivia- porque considera que ese es un tema bilateral entre dos países soberanos.
Delicado punto de vista, pues la banca multilateral ha sido una de las más activas en promulgar la importancia de la seguridad jurídica.
Si una compañía bien intencionada hace inversiones estratégicas en un país que cuenta con una reglas de juego concretas, y con el paso de los años las cambia vulnerando su seguridad jurídica, debe ser un delicado asunto multilateral. En ningún momento se trata de un caso de dos naciones, y en eso las entidades financieras de fomento internacional deben cerrar filas.
Pero si prospera la idea de que el asunto de las expropiaciones es un caso bilateral, entonces serán los gobiernos quienes deben entrar a proteger los intereses de sus empresarios.
Hoy en día el tema de las multilatinas colombinas que hacen negocios en países de centro y suramérica es una tendencia que le ha permitido a muchas compañías puramente nacionales crecer en mercados regionales; ante esta situación y la eventual amenaza de expropiaciones deliberadas, es pertinente que nuestro Gobierno ejerza una diplomacia que actúe como protectora de las inversiones nacionales. En eso el Gobierno de Santos ha sido eficiente en mantener buenas relaciones con gobiernos hostiles, pero deberá estar más atento a los desenlaces políticos populistas.
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