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Tan importante es la entrega de estas concesiones como estar atentos a que los privados cumplan sus compromisos.
Esta noticia puede ser de gran interés en esta coyuntura: “La empresa estatal chilena Codelco, la principal productora de cobre del mundo, ha rescindido el contrato con la firma española Sacyr para la construcción del camino Maitenes-Confluencia, de acceso al Proyecto Nuevo Nivel de la mina El Teniente. La decisión, según anuncia Codelco se debe al incumplimiento de contrato fundado en importantes atrasos y sobrecostos en la ejecución de los trabajos, iniciados en diciembre de 2012”. Una situación similar se vivió recientemente con las obras de ampliación del Canal de Panamá que tienen enfrentados al nuevo gobierno del vecino país con la misma multinacional española. Obviamente, los hechos pueden ser aislados en cada caso, pero es una alerta temprana a lo que nos podemos enfrentar con las tan ampliamente difundidas obras de cuarta generación que el Gobierno colombiano le está entregando a concesionarios integrados por firmas de tradición nacional y empresas de experiencia internacional.
En pocas palabras, el país económico y social no aguanta una nueva decepción en términos de desarrollo de la infraestructura. Aún permanece en la memoria el carrusel de la contratación en Bogotá que le ha generado décadas de atraso vial y una cacería de brujas que no termina entre los constructores. También de ingrata recordación el Plan 2.500 del fallecido ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien en ocho años al frente de la cartera no logró avances importantes en términos de carreteras pavimentadas ni dobles calzadas, en cambio están intactos largos tramos de obras inconclusas que no han visto su final. Vale la pena recordar la famosa licitación Tobía La Grande - Puerto Salgar entregada a Comsa, obra de gran relevancia que se enredó por más de una década entre tribunales de arbitramento, denuncias y demandas.
Ya se han entregado cuatro grandes proyectos de cuarta generación a consorcios de experiencia, prestigio y bien integrados, ahora la pelota está en el campo de los constructores privados que deben empezar a trabajar, a cerrar los modelos financieros y a empezar a transformar el país. Pero los organismos de control y vigilancia, como el mismo ejecutivo, deben mantener una perfecta observancia de los compromisos adquiridos en los contratos para que esta nueva gesta por el desarrollo de la infraestructura nacional no se convierta en una frustración.
La recientemente reelegida administración de Juan Manuel Santos tiene cuatro años más en el gobierno, tiempo suficiente para entregar varias de las vías de cuarta generación y ese debe ser el compromiso superior con la infraestructura del país que tiene un rezago de 30 o 40 años. La economía colombiana no aguanta seguir perdiendo en competitividad.
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