Gasolina por el ascensor y alimentos por las escaleras

Son muchas las situaciones que tenemos que arreglar en Colombia en asuntos económicos, pero una de ellas es la desincronización del costo de los combustibles y lo maleables que son esos precios a la protesta social. Recordemos que al comienzo del año, el alcalde de Bogotá lideró una protesta nacional contra el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda porque la reforma tributaria de finales del año pasado les cargó la mano en tributos e hizo que no se hicieran viables las inversiones municipales en infraestructura por el concepto de la sobretasa. Si bien la decisión del Ejecutivo beneficiaba al final de cuentas a los consumidores de gasolina y otros combustibles, los burgomaestres lograron arrinconar al Gobierno, que al final reculó y le dio la razón a los alcaldes. El caso ahora es que el precio de los combustibles ha vuelto por su tendencia histórica de subir silenciosamente a un ritmo superior al de la canasta familiar, como consecuencia de las altas cargas tributarias por galón. El último reajuste del precio de referencia de venta al público de la gasolina fue $8.433 por galón y $7.747 por galón de Acpm, esto significa incremento en la gasolina de $111 pesos y una reducción en el Acpm de $9. Desde el comienzo de esta década, el Gobierno usa una fórmula con la que determina el precio de la gasolina; antes de 2000, el Estado ponía el precio y asumía los subsidios, pero las fluctuaciones del crudo en los mercados internacionales hicieron que el precio interno de la gasolina fuera volátil, situación que generaba inestabilidad versus los precios de la canasta familiar. Esto ha vuelto a repetirse, pues mientras la inflación anualizada llega a menos de 5% -en el dato que publicará mañana-, el precio de la gasolina ha subido hasta 12,99% (en la ciudad en la que más ha subido, que es Barranquilla) o casos como en Bogotá donde el precio ha subido 9,53% entre abril de 2016 y abril de 2017. Bien se puede inferir que lo que más está subiendo es la gasolina y es un costo transversal a todos los productos de primera necesidad y que afecta directamente los costos de producción. Dice la cartera de Minas y Energía que sigue usando la fórmula tradicional que “es consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país”, pero olvida que esta alza permanente ya desborda la tendencia inflacionaria. La pelota ahora está en manos del Banco de la República que en sus análisis mensuales sobre el comportamiento de los precios deben estudiar cuál es la incidencia de los combustibles en la formación de precios de la canasta familiar, un estudio indispensable, para que no suceda lo mismo que ocurrió cuando se les olvidó estudiar el peso de los alimentos importados en el consumo de los colombianos. Debemos tener cuidado porque está demostrado que mientras los alimentos están entre el piso y el techo de las metas inflacionarias, la gasolina está subiendo por ascensor.