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Hablar de infraestructura es fácil, pero los avances han sido escasos, sea este el momento de hacer una buena evaluación.
La construcción de infraestructura es uno de los temas que más se ha discutido, pero las realizaciones concretas dejan mucho que desear al punto que los indicadores son mediocres si se comparan con economías que poseen un grado similar de desarrollo. Un ejemplo lo dice todo: el número de kilómetros de vías pavimentadas por cada 100.000 habitantes en Colombia es uno de los más bajos frente a la región y el mundo.
Los planes de desarrollo desde que son parte de la planeación del Estado, incluyen el tema tanto en proyectos como en recursos, pero luego se quedan en el papel. Por ejemplo a finales de los años setenta, Turbay Ayala, llamó su estrategia de desarrollo Plan de Integración Nacional, PIN, un programa que pretendía integrar regiones y a estas con el exterior. Hoy, más de 30 años después, muchos de esos proyectos ni siquiera se han evaluado técnicamente. En la última década se evidencia un esfuerzo para sacar al país de ese atraso y se ha ganado espacio en el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan ordenar, controlar y planear de mejor manera la solución al problema. Se destaca la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el establecimiento de Alianzas Público Privadas y la transformación de la Financiera de Desarrollo Nacional.
No hay duda de que se ha hecho un gran esfuerzo y el avance también hay que reconocerlo. Sin embargo, hay incertidumbre acerca de su operatividad misma. Esto tiene que ver con la fundamental definición de política de infraestructura, cosa muy distinta al tener un listado de proyectos, la mayoría de los cuales se sustentan en la construcción de dobles calzadas como una especie de inamovible, lo cual deja preguntas. El debate ha sido escaso acerca de cuál es la mejor opción de transporte terrestre entre el centro y el Caribe, cuando resulta evidente que los costos son mucho más bajos en el medio férreo que en el carretero.
Un segundo tema que preocupa tiene que ver con la advertencia hecha por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el sentido de la existencia de la alta concentración que se registra en la contratación de obras, al punto que más de 60% de las mismas está quedando en manos de uno o dos oferentes, lo que evidencia los niveles de corrupción que se estarían registrando en estos procesos. Su llamado es que el país requiere verdaderos términos de referencias y pliegos de condiciones que permitan la participación de toda la ingeniería de la pequeña y mediana empresa.
El tema merece toda la atención, pero el sector privado no puede seguir siendo actor pasivo con el único objetivo de ganarse los grandes negocios, independientemente de si sean de la total conveniencia como ocurrió con el Plan 2.500 cuyo balance nunca fue realizado y las empresas contratistas mejoraron sus resultados.
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