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El Ministerio de Trabajo está avalando la disminución de la jornada laboral sin tener en cuenta la carga que llevan los empresarios
La caótica situación de Venezuela siempre hace reflexionar a los colombianos si alguna vez estaremos viviendo la misma suerte de caos sin fin, empobrecimiento y destrucción generalizada de esperanza de un mejor país.
Los más pesimistas ven en los acuerdos de paz de La Habana el salvoconducto político para que las mismas ideas chavistas o del socialismo del Siglo XXI, que hicieron fracasar al vecino petrolero, se implanten en Colombia en una suerte de bolivarismo 2.0. Otras más sensatos y más optimistas creen que hay que aprender en ojo ajeno y que Colombia no caerá en una espiral caótica porque aquí siempre ha sido diferente -especialmente por el compromiso empresarial- muy a pesar de vivir seis décadas en guerra interna y de gobiernos empañados por sus acciones de corrupción.
Pero en el último par de años, tiempo en el que se fueron conociendo a fondo los alcances de la negociación con las Farc, un manto de desconfianza empresarial se ha posado sobre las acciones de la administración Santos. La última Reforma Tributaria ajustó el impuesto sobre la renta empresarial en 33% y subió el IVA a 19%, además de otras ideas alcabaleras que no salieron adelante, por ahora, pero que se convirtieron en una sumatoria de acciones que tienen distanciado al grueso de los empresarios del Gobierno Nacional. La exministra de Trabajo, Clara López, quien presentó su carta de renuncia al Presidente y será reemplazada por Griselda Janeth Restrepo, estaba patinando en el Congreso el proyecto de ley que modifica las horas extras de los empleados, el cual, según los cálculos de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) le costaría a las compañías entre $1,9 y $3,6 billones adicionales en sus nóminas.
Si bien el proyecto es una iniciativa de origen parlamentario tiene apoyo de la Ministra y sigue su curso en la Comisión Séptima del Senado el próximo 9 de mayo, sin analizar a fondo la situación económica actual y la generación de empleo. Seguramente la exjefe de la cartera de Trabajo quería sacar esta idea adelante para mostrarlo como un gran logro de políticas públicas populistas en su inminente campaña presidencial articulada desde un rincón del Polo Democrático. Ni los parlamentarios que mueven la idea, ni López han leído conceptos clave como los emitidos por la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se pone en evidencia y se cuantifica la preocupación por pasar la jornada diurna de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., restándole dos horas a lo estipulado hasta ahora (10:00 p.m.), significaría un impacto de 1,5% en el pago de las nóminas.
La Andi tiene estipulado que el valor adicional en los salarios sería de $1,94 billones en un pago total de $132,5 billones, cifra que aumentaría hasta $3,6 billones si se toman en cuenta el total de los sueldos y salarios de la economía reportados por el Dane a 2014, puesto que la remuneración total asciende a $250,7 billones. Claramente disminuir la jornada laboral en estos momentos es carecer de preocupación por los costos ocultos de hacer empresa en Colombia y es una actuación que va en consonancia con la destrucción de esa red industrial y empresarial que nos ha hecho diferentes a Venezuela. Aquí hay empresas, empresarios y emprendedores, pero si el Gobierno no los ayuda y los estimula, las cosas se pueden poner muy mal.
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