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No se pueden gastar más palabras hablando de desarrollo y bienestar social cuando los gobernantes no garantizan lo mínimo, que es la seguridad de todos los colombianos
Sin seguridad no hay nada. Todos los gobiernos de turno cuando presentan cada año su presupuesto general de la Nación, le asignan un billonario rubro a gasto en defensa, Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, nadie dice nada, pero cuando se desglosan las partidas casi todo es para pagar temas administrativos como salarios y funcionamiento en general. Muy poco se va a inversiones en tecnología o para planes específicos de “pacificar” a un país capturado por la delincuencia con más de 27,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Medicina Legal, y que a grandes ciudades (Cali, Santa Marta, Cartagena, Palmira y Cúcuta) dentro de las más violentas del mundo.
El primer problema es que los colombianos durante más de 60 años de guerra interna han enmascarado la verdadera naturaleza de su violencia crónica, acá le llaman coloquialmente “conflicto armado”, en donde confluyen guerrillas, narcos, mineros ilegales, secuestradores, contrabandistas, extorsionistas, atracadores, entre otros. Delincuentes que se han apoderado de regiones enteras y dominan, mandan y dibujan las líneas del poder en varias regiones, como el Pacífico colombiano, solo para citar un ejemplo, de más de una docena.
El año pasado se presentaron más de 225.000 muertes por todas las causas, de esas muertes, cerca de 30.000 fueron por causas violentas ligadas al llamado conflicto. Más de 10% de homicidios constituyen la cuarta razón de muerte de los colombianos, mientras que en 2022 fueron la quinta (González Díaz, Centro Externadista de Paz, 2024).
Según el Dane, los asesinatos (11.390) pesan de manera importante en las razones de muerte en un país con pésima fama en términos de seguridad. El número de homicidios durante el año pasado subió 5,2%, según Medicina Legal, este año no hay cifras consolidadas, pero a la luz de la percepción y de los últimos hechos de sicariato, las cosas van muy mal. Tristemente, Colombia tiene una sociedad muy violenta que en estos momentos marcha al ritmo de los delincuentes.
Casi una veintena de extranjeros han muerto solo en Medellín en hechos aislados vinculados con actividades de drogas y prostitución. Hay pueblos en Cauca y Valle (ambos en el suroccidente) con tasas récord de delitos en poblaciones con menos de 100.000 habitantes (Anserma, 263 casos y Corinto 220); las cifras se disparan una vez las poblaciones aumentan y se llega a las grandes capitales como Cali, Medellín, Barranquilla o Bogotá.
Es bipolar plantear que un país capturado por la delincuencia pueda apostarle al turismo como motor de su economía, atraer inversiones y sacar a su población de las profundas precariedades en que está sumida. Colombia tiene pésima imagen en todo el mundo por sus altos índices de violencia en todas las regiones del país; una fama bien ganada porque sigue siendo el mayor exportador de cocaína y cuna de los varones de la droga en el continente; más aún, delincuentes colombianos cobran protagonismo en toda la gama de delitos en países de la región y de Europa.
Las fuerzas militares deben entender que es su deber constitucional trabajar por un país con menor delincuencia, la llamada seguridad nacional; que por más que estén amarradas por el Ejecutivo o amenazadas por las ONG que defienden delincuentes, es superior garantizar que Colombia recobrará su seguridad y vida tranquila.
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