El internet de los colegios públicos es un imperativo

Robarle el acceso a la información a un joven, enviarlo a la deserción escolar, y de paso, condenarlo a la ignorancia en sus años básicos de aprendizaje, es tan dañino como raparles su futuro, forzarlos a la delincuencia y/o abusar de ellos.

El pasado 9 de diciembre, el Ministerio de las TIC, o MinTic, adjudicó el contrato 1043 de 2020 con la Unión Temporal Centros Poblados para conectar a 7.277 colegios en zonas rurales en 15 departamentos: Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Era la solución a uno de los estragos de la pandemia que cercenaba la educación de los más jóvenes, pues la “institucionalidad educativa virtual” impuesta en las grandes metrópolis aún no ha llegado a la Colombia profunda que carece de los más simples servicios públicos, vías, hospitales, centros educativos, etc., todo ese andamiaje social en el que aún hay mucha precariedad.

Nada era más necesario y urgente llevarle internet gratuito a los colegios rurales del país. Objetivo que un año después no se cumplió, situación que está condenando a millones de jóvenes a perder casi dos años lectivos con las consecuencias evidentes en el atraso educativo. Si la pandemia volvió a disparar el número de pobres en Colombia hasta los 21 millones, siete de los cuales viven en extrema pobreza, la carencia de internet está afectando a millones de jóvenes de regiones vulnerables, quienes quizá engrosarán los listados de “ninis”, los que no estudian ni trabajan, pero que tendrán que aprender a ganarse la vida en menores condiciones.

La buena política pública del Gobierno Nacional, de llevarle internet a más de 14.000 colegios públicos, se materializaría con más de $1 billón del presupuesto general, un monto significativo en plena época de vacas flacas.
Pero hecha la ley, hecha la trampa y todo se ha frustrado, luego de que el mismo Ministerio destapara irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal Centros Poblados; el contratista del proyecto presentó garantías bancarias falsas, que le permitieron acceder a un adelanto de $70.000 millones y esfumarlos como arte de magia, incluso amenazar con demandar a todos los colombianos por haberles liquidado el fraudulento documento.

Las denuncias reposan desde el 25 de junio en la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, oficinas de control y vigilancia que tienen el deber de recuperar el dinero, pues el daño a los más jóvenes es irreparable. El futuro de la jefe de la cartera y responsable de las políticas públicas, Karen Abudinen, es más que incierto, pues no solo es quien debe asumir sus responsabilidades, sino aclarar todo para evitar que una gran mancha de corrupción enlode al Gobierno.

Dicho esto, los responsables del dinero público, de los malos contratos o la gestión deficiente, deben dar un paso a un lado y evitar que ellos sean el Florero de Llorente, cuando lo es la corrupción instalada en los ministerios y demás entidades públicas. El objetivo claramente debe ser juzgar a los responsables y desarmar los carteles de contratos, pero más allá debe ser llevarle el internet a los jóvenes para evitar una burbuja social que crece.
El problema crónico de Colombia es que la corrupción descabeza funcionarios y ministros, pero el objeto de las políticas públicas vive de frustración en frustración.