El imperativo de estirar el presupuesto para lo social

La noche del pasado martes 13 de octubre fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República el Presupuesto General de la Nación para 2016, ahora el proyecto de ley pasará a sanción presidencial. El monto es de $215,9 billones, unos US$75.000 millones, un dinero escaso para la cantidad de necesidades que tiene nuestro país social.

Este año la discusión fue muy simple: en la Cámara todos los 119 artículos que traía la iniciativa gubernamental fueron votados en bloque de manera positiva, y las 23 proposiciones que se hicieron al último proyecto fueron votadas de manera negativa, por no contar con el aval del Gobierno central. En el Senado, los artículos 80 y 89 tuvieron proposiciones que fueron negadas. Así las cosas, el trámite que por lo general es tortuoso pasó sin mayores aspavientos.

La pregunta clave es ¿cuál es el espíritu del Presupuesto General? y la respuesta es que debe solucionar las necesidades básicas y las insatisfechas de la Nación. Varias cosas a considerar, el país necesita acelerar la inversión social para lograr en pocos años sacar a más colombianos de la pobreza e igualar las oportunidades sociales, que no es otra cosa diferente que meterle dinero con el fin de disminuir la desigualdad.

Cuando el presupuesto se desagrega o se observa por sectores, tenemos que no se puede recortar o ahorrar tanto en el sector rural, justo en donde se concentra la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. No es lo mismo hablar de incentivar la producción agropecuaria a brindarles a los habitantes de la ruralidad colombiana los mínimos de una vida digna.

Se puede ahorrar en subsidios de choque destinados a los productores que no son competitivos frente a las importaciones, pero no se puede quitarle un peso a la construcción de sistemas de riego, acueductos, carreteras, colegios y hospitales en el campo colombiano. El lío del presupuesto es que se debe estirar para lo social en el área rural, pues es inminente la inversión ad portas del posconflicto. La inversión social en el campo es uno de los problemas del Presupuesto, pues casi todo el dinero se va en programas de mayor producción, pero muy poco para la calidad de vida de los campesinos.

También quedó claro en la ley, que ya está en sanción en la Casa de Nariño, que para el nuevo año se destinarán $10 billones al posconflicto, solo la cuota inicial de un tema neurálgico para los colombianos que puede llegar a costar en la próxima década más de $100 billones. Y un asunto no menor para la ortodoxia económica es que el Ministerio de Hacienda garantiza el cumplimiento de la regla fiscal en el Presupuesto del próximo año, en el que se incorporará una apropiación por un $1 billón para dar con el resultado fiscal. Ojalá el Ministerio de Hacienda pueda estirar el Presupuesto para tanta obligación.