El Gobierno no puede saltarse la regla fiscal

Acudir a una “cláusula de escape” para saltarse la regla fiscal es un grave error que puede cometer el Gobierno Nacional en el manejo de las finanzas públicas y una manera expedita de llevar la situación a profundidades difíciles de superar. Así sea una medida temporal que se espera adoptar en el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, del próximo lunes, el daño está hecho.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se debe publicar en junio, también será manoseado en un mensaje muy nocivo para la economía; no se puede olvidar que la regla fiscal es la norma que limita el gasto y el endeudamiento en la política de presupuesto público. Un instrumento que tienen en cuenta las calificadoras de riesgo y la banca multilateral, las primeras califican la deuda soberana, facilitan el acceso a préstamos por parte de la Nación, al tiempo que las segundas instituciones son las que giran dinero.

El gran temor es que el déficit fiscal se dispare a más de 7%, algo no visto ni en tiempos de la pandemia; no hay ninguna justificación técnica para no cumplir la regla fiscal; el artículo 12 de la regla establece que la administración nacional debe rendir cuentas al Congreso en junio para evaluar el cumplimiento de la normativa. Tradicionalmente, en caso de cualquier incumplimiento de la regla, el Gobierno debe explicar en un informe las razones de la situación y fijar metas y objetivos concretos que permitan asegurar el restablecimiento del cumplimiento de la regla.

El punto es que no existe ningún evento extraordinario que compromete la estabilidad macroeconómica, no hay justificación para que se manosee la norma, lo que se convierte en un pésimo mensaje a las calificadoras, a la banca multilateral y a las inversiones del sector productivo, es una suerte de comunicación al mundo financiero de que no se está haciendo bien la tarea de buen manejo de la economía.

Quizá el Ministerio de Hacienda no cuenta con las herramientas idóneas para evaluar la situación. En teoría, el déficit fiscal debería llegar durante este año a 5% del PIB, con lo que ajustaría seis años consecutivos con déficits superiores a 4%, pasar de esa cifra es ahondar la crisis para las próximas administraciones.

Recuperar el grado de inversión en la mayoría de las firmas calificadoras es una tarea de casi una década, y tiene que ser un reto nacional. El gran problema es que para que esta se cumpla en 2025 el déficit menor a 5% se requiere un ajuste en ingresos o en gastos de al menos $46,6 billones, es decir, 2,6% del PIB.

El Gobierno deber entender que no existe una coyuntura adversa, más allá del mal manejo económico, no hay un hecho sobreviniente que justifique flexibilizar las normas fiscales; los mercados internacionales están muy atentos a las jugadas de la administración central, y las consecuencias de los bandazos es el costo del crédito externo y una nueva degradación en la calificación crediticia del país.

El gran peligro es que los bonos del tesoro colombiano caigan en un nivel de basura y se genere una crisis financiera crónica por este tipo de medidas apresuradas. Pese a las dificultades presupuestales, hay margen para hacer ajustes sin comprometer saltarse las reglas. La solución no es otra que mejorar la eficiencia del gasto, maximizar los ahorros y no hacer promesas populistas que siguen comprometiendo los recursos públicos.