La ayuda a los exportadores debe tener un límite en un país que no está para darse el lujo de seguir controlando el dólar
Los expertos dicen con cierto sarcasmo que “en economía no hay almuerzo gratis”, para referirse a que cualquier decisión de política económica tiene unos objetivos concretos para enfrentar un problema, pero tiene un costo que se debe pagar luego por el resto de los agentes económicos. El ejemplo más sencillo es cuando se decide bajar las tasas de interés que favorece a quienes demandan crédito, pero golpea a quienes viven de la renta que genera el ahorro. Lo mismo se puede aplicar a muchos otros casos, pasando por los impuestos y las tarifas. Es una realidad que no se puede ocultar y por lo tanto manejarse con un gran sentido de responsabilidad.
Y eso precisamente es lo que le está ocurriendo a la economía con la tasa de cambio: el Banco de la República anunció que este año perderá $1,7 billones, la cifra más alta desde comienzos de los años noventa cuando se estableció la libertad cambiaria, en el que el mercado pone el precio de la divisa en función de los factores de oferta y demanda. De esa manera, en los cuatros últimos años, el Emisor registra un balance negativo que supera los $2,5 billones, esto es, la no despreciable suma de US$1.300 millones. Varios factores se conjugan para explicar la situación y no se puede desconocer que una parte es consecuencia de la desvalorización de las inversiones del Banco en el exterior, el descenso del precio del oro y la situación internacional del dólar.
Pero no es solo eso. El sostenimiento “artificial” del precio de la divisa en el país o intervención cambiaria del Banco para evitar una mayor revaluación, está resultando muy costosa, en la medida en que los dólares comprados en el mercado local están incluyendo una prima que no es compensada con el bajo rendimiento de las inversiones afuera. Adicionalmente, el diferencial de tasas internacionales con el que el Emisor reconoce a los intermediarios financieros locales por los depósitos que le llevan por las operaciones repo (3,25%) implica una pérdida sustancial para la entidad, pues paga mucho más que lo que le reconocen por sus depósitos en el exterior.
Las pérdidas se deben cubrir con recursos del presupuesto, con dinero de los colombianos, lo cual lleva a plantear la discusión acerca de la conveniencia de hacer ese tipo de transferencia desde el fisco hacia un sector específico, por más importante que este sea, en el entendido que no deja de ser por lo menos injusto, dada las necesidades o dificultades que enfrenta el país en distintos sectores. El Emisor no puede ser indiferente y solo pasarle el pasivo al Gobierno sin mayor consideración o atendiendo reclamos más cerca de la política que de la ortodoxia que debe guiar sus decisiones. Nadie pone en duda la necesidad de estimular las exportaciones, pero esa ayuda no puede ser indefinida ni infinita.
