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EDITORIAL

El “día D” para las cámaras de comercio

jueves, 6 de diciembre de 2018

Hay que proteger a las cámaras de comercio como las entidades privadas de carácter público, pero también debe haber ajustes para mejorar

Editorial

Las cámaras de comercio son de las entidades privadas más poderosas en las regiones colombianas, no solo por estar conformadas por empresarios, bajo el visto bueno de los gobiernos, sino porque administran millonarios recursos provenientes de manejar el registro mercantil, una suerte de millonario impuesto público que desde hace varias décadas es tutelado por estas entidades de carácter gremial, pero con sustento público. Si bien en casi todos los países del mundo existen estas corporaciones privadas, Colombia es uno de los pocos países que les ha mantenido la administración y el manejo del registro mercantil y algunos otros servicios adicionales o conexos. En muchas ciudades y departamentos, las cámaras de comercio son más poderosas e influyentes que las mismas alcaldías y gobernaciones, no solo por el prestigio y reputación ganado a pulso durante muchos años, sino por la continuidad que se le ha dado a su ejercicio encaminado al bien de los mercados locales y regionales. Es el caso de Bogotá, Medellín y Cali, lugares en donde especialmente se ha sabido preservar el poder de las cámaras y logrado hacerlo fructificar como verdaderas instituciones al servicio de los empresarios, usuarios y consumidores.

Hoy se realiza en todo el país las elecciones a las juntas directivas de 57 cámaras de comercio en toda Colombia, jornada democrática mediante la cual se elegirán entre 896 candidatos 322 puestos directivos; se esperan más de 40.000 electores. El poder es mixto en este importante juego gremial, pues el Gobierno Nacional y departamental ponen también sus fichas en las todopoderosas juntas directivas que regirán el camino de las cámaras hasta 2022. Ya se han conocido algunas propuestas de los que aspiran a ser elegidos y las ideas son similares en todas las regiones: promover la competitividad, desarrollar indicadores económicos para las regiones; promover la economía naranja; trabajar más por las vocaciones regionales y toda una batería de buenas ideas que parecen extractadas del deber ser de las cámaras.

Está claro que más allá de administrar y multiplicar el registro mercantil, que es una obligación anual renovarlo (dejando millonarios recursos en todo el país), es un deber trabajar más por factores claves de desarrollo como agilizar los centros de arbitramento y conciliación; dinamizar la resolución de conflictos; mejorar la capacitación y reforzar el fortalecimiento empresarial de cara a las nuevas tecnologías. En varias ciudades, las cámaras han sido capturadas por intereses politiqueros regionales que han dejado de lado los nuevos retos y se han convertido en unos centros de malversación de los dineros “recaudados” por concepto de matrículas mercantiles. Muchas de las 57 cámaras están capturadas por contratistas que tienen en ellas verdaderos botines sin prestarle a los empresarios los servicios de apoyo a la gestión comercial. El Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria deben tomar más en serio su papel en el control y vigilancia de las cámaras -que insistimos- solo unas pocas tienen perdido su norte y su foco empresarial, no es el caso de Bogotá, Medellín y Cali, pero sí de otras de importantes capitales que se han visto envueltas en escándalos de corrupción. Pero eso sí, todas deben entrar plenamente en la economía del siglo XXI y entender mejor que la cuarta revolución industrial llegó para quedarse y las puede dejar como unos instrumentos obsoletos.

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