Dos debates que deberían darse juntos

Pocas veces en la historia económica del país se ha dado una suerte de “díada económica” en la que se debe debatir a la luz pública (casi simultáneamente) una reforma tributaria solidaria y el presupuesto de la Nación. Algunos dirán que eso sucedía cada dos años cuando el gobierno de turno radicaba su reforma tributaria a final del año, solo semanas después que hiciera lo propio con el presupuesto. Eso es cierto, la diferencia radical ahora es que la gente está sensible y que se acaba de tumbar un proyecto de ley tributario con los autores abordo.

Nadie puede negar que las protestas sociales de mayo pasado fueron lapidarias contra el Ministerio de Hacienda, que tuvo que padecer la caída del jefe de la cartera, su secretario privado y sus dos viceministros, entre otros cargos importantes. El punto va a que el “palo no está para hacer cucharas” y que al Gobierno Nacional y al Congreso de la República se les exige dar los debates económicos de cara al público, de tal manera que todo el mundo conozca quién paga los impuestos y cómo se convierten en presupuestos.

Por la misma oscuridad de los viejos debates, capturados por congresistas, gremios y lobistas, es que la inmensa mayoría de los colombianos no saben a ciencia cuánto se paga de impuestos, quiénes los pagan y cómo gasta ese dinero el Ejecutivo. Es muy fácil organizar protestas, acosar a los gobernantes locales, regionales y nacionales pidiendo dinero público en forma de ayudas y subsidios como si fuesen cajeros electrónicos, pero sin tener conocimiento el origen real de la plata del presupuesto general.

En varios países del mundo desarrollado es todo un evento noticioso la presentación de los presupuestos anuales, las fuentes de esos recursos, los mecanismos de financiación y cada uno de los sectores desagregados de cómo se gastará el dinero público.

En esta última legislatura, el Congreso tiene en sus manos el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 2022 (como todos los años para ser aprobado antes de noviembre) y una reforma tributaria solidaria que busca continuar la inversión social y pagar los compromisos adquiridos durante las jornadas de protestas, como la matrícula gratis, el subsidio a la vivienda para jóvenes y todas las ayudas que reciben los indígenas y otras minorías.

Más que analizar si el dinero público se va en su gran mayoría a pagar la deuda externa, para las pensiones, el funcionamiento del Estado y queda un poquito para la inversión social, se deben pensar en mecanismos para que esos $350 billones de los que dispone el Gobierno se multipliquen, y la mejor manera es que cada vez más colombianos paguen impuestos (así sea unos pocos) y que quienes evaden esa responsabilidad (casi medio millón de personas naturales y jurídicas) sean sancionadas por ese delito fiscal.

Si esa pedagogía de estudiar presupuestos e impuestos de manera simultánea, se hace una cultura sólida en el Congreso, las asambleas y los concejos municipales, poco a poco se va transformando el país; nadie puede pedir lo que no paga, y quienes pagan exigirán que el dinero sea bien usado para el desarrollo del país. El gran lío cultural es que quienes no contribuyen efectivamente con las arcas del Estado, son quienes más destruyen lo poco que se construye. Una reflexión necesaria ahora que la situación empieza a normalizarse y que el agua toma su curso.