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El problema del sistema eléctrico nacional no es otro que la irresponsabi- lidad de muchos de los funcionarios en la toma de decisiones cruciales.
Desde los años ochenta del siglo pasado, el sector eléctrico ha sido objeto de importantes ejercicios de planeación de largo plazo por parte del Estado y el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, lo cual demuestra la importancia que se le ha dado bajo el concepto de que “la energía más cara es la que no se tiene”. Buena parte de los problemas de deuda que enfrentó Colombia a mediados de esa década estuvieron relacionados con los altos niveles de endeudamiento externo para financiar proyectos con el objeto de satisfacer la demanda de energía. En ese orden y con el esfuerzo nacional, se logró montar un aparato institucional que ha sido ejemplo para otros países y las empresas públicas y privadas han alcanzado una importante fortaleza financiera y han logrado expandirse más allá de las fronteras. En la Ley 142 de 1994 quedó plasmado el modelo sectorial para hacerlo sostenible, confiable, seguro y atractivo para los inversionistas, pero también para proteger a los usuarios de los abusos y malas prácticas de las empresas, entre lo que se destaca el establecimiento de criterios de equilibrio entre eficiencia y suficiencia financieras, como que las pérdidas patrimoniales no se podrán hacer vía aumento de tarifas, sino con aportes de capital de los dueños de esas empresas, en tanto que los usuarios sí deben pagar un cargo para garantizar la confiabilidad de la oferta ante la ocurrencia de situaciones extremas y que lo han cubierto de sus bolsillos en una cifra cercana a los $20 billones en un plazo menor de una década.
Con la aparición ahora del Fenómeno de El Niño que limita la generación de energía hidroeléctrica por insuficiencia de agua, el vacío deberá cubrirlo la generación térmica para equilibrar el sistema de interconexión. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando el Gobierno anunció que son los usuarios quienes deben pagar con tarifas la mayor generación térmica porque las empresas tienen dificultades financieras. El argumento oficial es que si no se hace así, el país se expone a un apagón con las graves consecuencias que ello implica. Mal contadas, las cifras implican que el recargo para la Nación y los usuarios alcanzaría $3 billones.
Hay que hacer claridad. El problema no es de la planeación o del modelo institucional del sistema eléctrico, sino de decisiones incorrectas por parte de las autoridades que han permitido la apropiación de un excedente destinado a fines específicos de emergencia que se ha desviado al rescate de empresas inoperantes y que no debe cargarse a las tarifas o al presupuesto público, sino debe estar a cargo de las empresas, haciendo valer el modelo que sustenta la interconexión, que consiste en cruzar la generación térmica con la hidro y viceversa para equilibrar las finanzas.
Hacer respetar las reglas de juego en el sector eléctrico no debe causar ningún temor al Gobierno o a la confianza del sector privado para mantener y aumentar sus inversiones en este sector o en cualquier otro
El Gobierno Nacional no se puede quedar en el diagnóstico de la crisis energética actual, debe solucionar el problema con proyectos de generación, de transmisión y exploración
Como se mida la pobreza, es un asunto sin dolientes en el Gobierno, a la luz de las políticas públicas que se diseñan para sacar de ese estado a una buena parte de la población
Más que nuevos días festivos, el país económico necesita producir para reducir la pobreza y disminuir la precariedad, objetivos que solo se consiguen si la productividad aumenta
