Abrir el debate sobre cárcel para evasores

No es una teoría económica la frase que siempre se le atribuye a Mockus o a Fajardo y que reza como un mantra político: “los dineros públicos son sagrados”. La pregunta que viene al tema es: ¿desde qué momento los recursos públicos son sagrados? La respuesta tiene dos frentes, desde cuando se convierten en impuestos o desde que se ubica la fuente de tributación por medio de una ley. Es una discusión larga y que puede convertirse técnica, pero el asunto terminará en que evadir impuestos es atentar contra las fuentes de financiamiento de la inversión social. Dejar de pagar las obligaciones tributarias tiene consecuencias que por lo general se justifican para decir que todos esos dineros se van en burocracia estatal y corrupción.

Insistimos en que la discusión es larga y está presente en todos los momentos históricos y en todos los países. Hay una crónica repugnancia por parte de los contribuyentes para pagar algunos sobrecostos en los productos y servicios con el objetivo de financiar al Estado. Nunca ha sido fácil el tema y siempre acarrea posturas antagónicas que no llegan a buen puerto, pero para que el Estado funcione, pueda hacer obras y pueda invertir en la sociedad, debe contar con unos recursos que deben crecer en la medida de las exigencias del desarrollo. Ya el Ministerio de Hacienda puso los pilares fundamentales de lo que será la próxima reforma tributaria que se basará, según las primeras luces, en tres fuentes primordiales: subir el IVA; aumentar el impuesto al patrimonio y extender en el tiempo el impuesto a las transacciones financieras.

Ya los gremios de siempre salieron a rechazar a los cuatro vientos la idea y solo admiten que bajando la evasión nos ahorraríamos la reforma tributaria. Aritméticamente tienen razón, pues el Gobierno Nacional busca recursos frescos por unos $12,5 billones y el monto histórico de evasión se calcula en $22 billones. Pero no es tan simple mientras en Colombia no se penalice el no pago de impuestos y se someta a la justicia a los comerciantes, agricultores y ganaderos entre otros que no solo no pagan impuestos, sino que se quedan con el IVA, esconden el patrimonio e incentivan las transacciones en efectivo para saltarse el 4x1.000.

Ahora que estamos en tiempos de ‘somos capaces’ cabe preguntarles a quienes se oponen a la ampliación de la base tributaria o al aumento del IVA, si están de acuerdo con la cárcel para quienes se están quedando con los recursos públicos desde la fuente de recaudo. El país se construye pensando en el futuro no en el presente y aún son peregrinas las justificaciones de motivos de quienes atacan la institucionalidad de un sistema tributario al que se le exige más inversión social.