A recuperar la imagen de la buena minería

En la primera administración del presidente Santos, la minería fue incluida como una de las cinco locomotoras del desarrollo por su aporte al crecimiento de la economía, al sector externo y a su impacto en el desarrollo regional. Incluso se llegó a plantear con una dosis de extravagancia que el país estaba en camino de convertirse en una potencia minera, lo cual solo generó unas expectativas inconvenientes, pues la realidad es muy distinta cuando se mira a países como China, México, Perú y Chile, solo para dar unos ejemplos. Así, Colombia es simplemente un país con minería. 

Superada la discusión y depuradas las cifras, no se puede desconocer la importancia cuantitativa y cualitativa de la industria extractiva, aunque no en la magnitud que algunos la promueven. Los ingresos por exportaciones y la inversión extranjera de la minería (incluyendo el petróleo) en la primera década de este siglo fueron determinantes y aún lo siguen siendo, al igual que no se puede concebir el desarrollo de regiones del país como Antioquia, Santander y Boyacá sin esa actividad o a César y Guajira sin los recursos que aporta las grandes explotaciones. Hoy se evidencia un decaimiento de la actividad como consecuencia de la depresión de los precios internacionales de los principales productos. 

Sin embargo, la actividad minera está sujeta a un permanente acoso desde distintos frentes, teniendo que reconocer que como toda explotación de recursos naturales genera un desequilibrio en el que debe tenerse todo el cuidado y control por parte de las autoridades y las mismas empresas, no siempre conscientes de ello, en particular en la mitigación ambiental y en una comunicación transparente con comunidades.

Dado el carácter de largo plazo del retorno de la inversión, las empresas están en todo el derecho de exigir unas reglas claras en las distintas etapas del proceso productivo, lo cual no es eficiente por parte de las instituciones públicas involucradas. Temas como el licenciamiento ambiental, la consulta previa cuando se necesita y los trámites de las CAR requieren una revisión para hacerlos más expeditos sin perder la ortodoxia en la protección de los recursos.

Desafortunadamente, bandas criminales han incursionado en la actividad minera, en particular en oro, como instrumento para lavar dinero del narcotráfico y extender su poder criminal. Son dueños de minas ilegales, en cuya explotación no tienen consideración alguna con el medio ambiente y la utilización de químicos prohibidos. Las acción de las autoridades no puede tener contemplación alguna contra la actividad ilícita. Sin duda que la minería juega un papel muy importante en el desarrollo regional y será determinante en la nueva etapa luego que se firmen los acuerdos entre el gobierno y las guerrillas. Por ello, debe haber una alianza de intereses comunes entre Estado, empresas y comunidades.