A la consulta del Gobierno le falta la matemática

El Gobierno Nacional se ha lanzado en una nueva consulta a los colombianos como una vía alterna para sacar adelante una reforma laboral que no logró conciliar en el Congreso de la República, se dice “nueva” porque desde 2002 casi todos los presidentes han usado este camino para sacar adelante algunas políticas públicas, bien sea para lograr la paz, conseguir la reelección o para modificar -como es el caso actual- el régimen laboral vigente; está bien y es un mecanismo democrático que está a la orden del día y los colombianos deben perderle el miedo a consultar temas estructurales.

El filtro para lograrlo es bien complicado: deben participar 13.700.000 personas adultas y cada una de la docena de preguntas de la consulta debe lograr más de la mitad de las respuestas afirmativas para convertirse en leyes; en un país de leguleyos, no hay razones para que las votaciones afirmativas sean vinculantes; pero para llegar a ese par de fases del ejercicio democrático debe haber vistos buenos por parte de Senado y todo tendrá una férrea revisión constitucional, es decir, el tramo es aún muy largo.

Quizá no importante para el Ministerio del Interior no es favorecer a los trabajadores informales e informales, ni mucho menos a las mujeres o a la mano de obra campesina, entre otros, es convocar a los colombianos votantes a una consulta que es el señuelo para acentuar la división nacional entre gobiernistas de izquierda y centro derechistas en una oposición fragmentada, dispersa, sin propuestas para reforma al país. La gran espina dorsal de la consulta es política, pues logre el umbral, pasen o no las preguntas, la sensación de división nacional está servida.

A unos 15 meses de terminar la actual administración, el Gobierno Nacional sigue en modo diagnóstico de los grandes problemas nacionales, rodeándose de ministros que no ejecutan, no hacen su trabajo y no estudian los temas que lideran. El mejor ejemplo es la poca o nula matemática que le han echado a la docena de preguntas de la consulta. Ni el Ministro del Interior, ni el de Hacienda o del Trabajo, pueden responder con certeza cuánto les vale la consulta a las arcas estatales en medio de la peor crisis fiscal de la historia reciente; mucho menos saben los números que pagan los empleadores en aumento de horas extras, dominicales, licencias, formalización, entre otras de los cambios que se derivan de la consulta.

Y lo peor, no es la carencia del modelo de costos de la iniciativa, quién la va a pagar y cuánto vale el show, sino la improvisación teórica. Se olvidan del famoso “efecto cobra”, aplicado a una solución bien intencionada a un problema, pero lo empeora o genera consecuencias no deseadas. Viene de los colonizadores ingleses en India cuando ofrecieron recompensas por las serpientes muertas para reducir las picaduras a sus soldados, a la postre el incentivo de la recompensa desató el negocio de los criaderos de cobras para ir por la recompensa.

La historia se ha repetido en muchas ocasiones, incluso en el actual Gobierno cuando se paga por erradicar la hoja de coca o el pago a los jóvenes delincuentes para que no cometan delitos, ambas soluciones incentivan a los “beneficiarios” para sembrar más coca, pedir más ayudas o reclutar nuevos delincuentes para que facturen de los escasos dineros públicos. En esta ocasión, la consulta sobra, debe haber un proyecto de ley conciliado en el Congreso.