Durante los últimos meses, el litigio por territorios y aguas del Océano Atlántico entre Colombia y Nicaragua ha sido objeto de estudio de los expertos en relaciones internacionales latinoamericanas. No obstante, los planes nicaragüenses de afianzamiento en territorio caribeño, que algunos definen como “expansionismo”, tienen unas raíces más lejanas en el tiempo y se encuentran ligados al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a mediados de los años 80, cuando dicha decisión fue favorable al país centroamericano y afectó la posición internacional estadounidense.
Con lo que difícilmente podría estarse de acuerdo es con hacer referencia a un determinado expansionismo, cuando todo lo que Nicaragua ha obtenido, y lo que procura obtener, lo ha hecho desde los tribunales internacionales, ejerciendo uso del derecho y dando pasos acertados en la defensa de sus intereses. Que otros no lo hagan, es asunto diferente.
Para muchos colombianos, sobre todo los más jóvenes, el tema del litigio entre Colombia y Nicaragua resulta ser lo más mencionado sobre el vecino que posee el país en la zona noroccidental. Sin embargo, hay una historia mucho más larga en relación con la maniobrabilidad nicaragüense y la experiencia que ha venido sumando en sus participaciones jurídicas en la CIJ. Precisamente, las citadas intervenciones le han facilitado que sin ser un Estado relevante para el sistema internacional, logre que se den aciertos reglamentarios que hoy benefician su posición regional.
En la década de los 80, -en pleno contexto de Guerra Fría, y siendo presidente de la República el actual mandatario, Daniel Ortega Saavedra- Nicaragua logró que en un litigio que se llevaba adelante en la CIJ, el país se impusiera a los intereses de los Estados Unidos. Aunque no se trató de una disputa por territorios, sino por actos violatorios reiterados en contra de los derechos humanos, la decisión de la CIJ fue categóricamente clara en favor del país centroamericano, mientras que los Estados Unidos se dedicaron a cuestionarla y criticarla por sus acciones. Muy famosa es la frase de Jeane Kirkpatrick, en la que descalificó a la Corte, señalándola como “medio legal, medio jurídica, y medio política” algunas veces aceptada y otras no.
El tiempo pasó y Nicaragua continúo apelando al derecho internacional para obtener beneficios en la región. Su vecino septentrional inmediato reclamó históricamente que el paralelo 15˚N debió respetarse como frontera natural, previamente concertada entre los dos gobiernos. No obstante su argumentación, Honduras perdió un espacio importante, pues ante el fallo de la CIJ en 2007 dicho paralelo dejó de ser frontera entre las dos naciones, y particularmente aunque Honduras se quedó con cuatro islas disputadas, su mar territorial pasó a manos de Nicaragua.
Después llegó la discusión con los ticos por el límite con el país en el Río San Juan. Dicho afluente le pertenece a Nicaragua en su totalidad (tratado Cañas-Jerez de 1858), por lo que aunque la Corte haya consentido a Costa Rica su navegación comercial, es muy claro que los nicaragüenses no van a permitir que se les escape un solo centímetro del mismo. Hoy la discusión es con Colombia. Ya la Corte falló, otorgándole 75.000 km² de mar Caribe. Colombia los perdió. Con lo que se demuestra que, muy a pesar del limitado perfil y supuesto bajo manejo de las relaciones internacionales, los nicaragüenses conocen mucho más las aristas del derecho internacional que cualquiera de sus vecinos.
