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Consideran algunos colombianos perjudiciales las opiniones de que quienes afirmamos que, salvo la Fuerza Aérea, las demás Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran desmotivadas, acuarteladas, atemorizadas, para combatir a las narcoguerrillas y a las narcobacrim, como lo demostraron los atropellos contra el Ejército en el departamento del Cauca.
Difícil resulta para los ciudadanos corrientes afirmar lo contrario, cuando las informaciones que nos llegan a diario y casi en tiempo real, reconocen que las bajas de la subversión provienen casi exclusivamente de los bombardeos de la aviación, apoyados seguramente por la inteligencia militar y por alguno que otro desmovilizado o informante. Es difícil asegurar algo distinto cuando la inseguridad no solamente se siente, sino que se vive en un número creciente de municipios.
Sorprende, además, a los ciudadanos corrientes, la pérdida día tras día de la guerra jurídica de nuestras Fuerzas Armadas. No comprendemos la supresión y la dilación del Fuero Militar por el propio Gobierno, ni la indefensión de los militares que caen víctimas de ciertos colectivos de abogados, ni la credibilidad que se les concede a ciertos testigos con prontuario, ni las restricciones jurídicas para bombardear los campamentos de las bacrim, ni cierta decisión de la Corte Constitucional para que el Ejército abandone una base militar vecina a un resguardo indígena.
Tal como lo aseguró el general Tito Saúl Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea, al periódico El Colombiano, esta Fuerza cuenta hoy con 300 aeronaves y se proyecta adquirir nuevos aviones Caza, Hércules y no tripulados para reforzar el brazo de las Fuerzas Militares que está obteniendo no solo los mayores éxitos sino casi los únicos.
Pero como explicó el mismo general, tanto las guerrillas como las bacrim se mueven muy cerca de la población o pertenecen a ella y eso eleva los riesgos de daños. La conclusión eterna de los estrategas, sin la participación de las tropas de infantería no hay victorias militares y por ello proyectan incorporar, además, 25.000 hombres al Ejército y a la Policía en los próximos cuatro años. Ojalá superen pronto los problemas jurídicos ya esbozados y que refuercen la inteligencia militar y la red de informantes civiles.
Noticias como la anterior nos demuestran que ni el propio Gobierno está desconociendo la amarga realidad. Lo que si no se comprende es que continúen presentando estadísticas acomodadas en aras de una nefasta popularidad que ha resultado afectada tal como lo demuestran las encuestas recientes. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo.
No dudamos de la buena voluntad de la gran mayoría de los integrantes del gobierno del presidente Santos, pero le corresponde a él admitir que el país no marcha en la dirección correcta y que debe anteponer las necesidades del país a sus intereses personales, sin censurar ni condenar a quienes expresan sus opiniones y temores en forma respetuosa y franca para no asemejarnos a ciertos presidentes vecinos.
