La pérdida de dinamismo de la economía nacional ha coincidido con el peligroso juego político de un año preelectoral. Ante este escenario, como es apenas natural, se ejercen todo tipo de presiones políticas para influir en la toma de decisiones económicas. Es muy preocupante que estas presiones encuentren tierra fértil en nuestras instituciones y funcionarios, y que se dejen de lado los criterios técnicos para buscar el apoyo masivo de la opinión pública o de los grupos económicos que financiarán las campañas electorales.
Un primer debate en el que se hace relevante esta reflexión es el de las recientemente publicitadas ayudas sectoriales directas. Siguiendo el ejemplo de los cafeteros, que exitosamente han logrado excepcionales auxilios del gobierno, muchos gremios han tocado la puerta de los hoy benevolentes ministerios de Agricultura, Industria y Hacienda clamando por subsidios y otro tipo de beneficios específicos para sus sectores. No tiene nada de malo que el Gobierno explore este tipo de medidas, por el contrario, pueden ser necesarias y convenientes en algunos casos. Sin embargo, se debe mejorar la transparencia en la asignación de estos recursos, comunicando adecuadamente cuáles son los criterios para ayudar a unos sectores por encima de otros. La no neutralidad sectorial requiere una métrica que ayude a demostrar que los objetivos detrás de estas decisiones son efectivamente maximizar el empleo, la producción o la equidad.
En línea con lo anterior se encuentran las apasionadas medidas de política comercial de corte proteccionista tomadas recientemente. El insano encarecimiento de los bienes y servicios para los colombianos a cambio de mantener rentas extraordinarias para algunos pocos productores nacionales, solo debe adoptarse en casos excepcionales. Una vez más, la comunicación de los criterios para la toma de este tipo de decisiones y la equidad sectorial son responsabilidades de los funcionarios del Gobierno.
Un tercer elemento en el que hay que tener especial cuidado es el relacionado con las medidas para poner freno a la caída en el precio de la divisa. Las voces que claman por reducciones adicionales en la tasa de referencia del Banco de la República encuentran en el buen comportamiento de la inflación un aliado incontestable. Pero quienes pretenden obligar al banco central a cursar una mayor compra de dólares, parecen dejar de lado el hecho de que por cuenta de dichas compras el balance del emisor puede arrojar pérdidas financieras muy superiores a los $350.000 millones perdidos en 2012, acercándose al billón de pesos. Ojalá los encargados de tomar estas decisiones refrenden la independencia del emisor actúen con responsabilidad fiscal.
En mi opinión, lo políticamente redituable no siempre resulta económicamente conveniente. Por tanto, se requiere hoy más que nunca una profunda responsabilidad de la función pública para honrar la majestad del Estado y tomar las decisiones más convenientes para la sociedad. El proteccionismo comercial, la indiferencia fiscal y los regalos de lo público a lo privado son recursos peligrosos que de no usarse con milimétrica calibración técnica, pueden conducirnos al deterioro institucional y de nuestra economía. Si algo nos recuerda la historia reciente es que la toma de decisiones de política de manera acelerada o movida por cálculos electorales rara vez deja algo bueno para el país o para los funcionarios públicos que las protagonizan.