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miércoles, 27 de enero de 2016
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Al momento de escribir esta columna el cuestionado Defensor del Pueblo, el doctor Jorge Armando Otálora, parece que no va a renunciar a su cargo a pesar de la avalancha de acusaciones en su contra, inicialmente por acoso laboral y ahora, más recientemente, por acoso sexual. 

En esto, Otálora cabalga sobre una larga tradición colombiana: le importa un bledo lo que la opinión pública opine sobre lo que hace, o deje de hacer, un funcionario público como él. 

Podríamos decir que el legado de desfachatez se le debe al presidente Samper, que si bien no se inventó el “me-importa-un carajo-lo-que-usted-piense”, sí lo llevó a su más pura perfección. 

En esencia, la gran innovación del expresidente fue moler hasta la pulpa el concepto primigenio de la responsabilidad política para convertir cualquier debate sobre moralidad y ética en un proceso penal o disciplinario.

Me explico. Las instituciones democráticas se soportan sobre la idea de que los funcionarios que las administran se comportan, no solamente como manda la ley, sino como los ciudadanos consideran que se deben comportar. Lo primero es el cumplimiento del marco legal y lo segundo es el comportamiento ético.

Por esto último, es que la constitución colombiana tiene (¿tenía?) un procedimiento de juzgamiento de los altos funcionarios, entre ellos, el presidente de la República y los magistrados de las Altas Cortes, por la comisión de actos de mala conducta que conlleven indignidad para el ejercicio del cargo.  En otras palabras, se trata de un juicio político. 

Samper, cuando se vio involucrado en el proceso 8.000, habilidosamente buscó convertir su proceso, no en uno por indignidad, sino en uno de responsabilidad penal. Para esto, fue clave la ayuda del nefasto procurador general de la época, Orlando Vásquez Velásquez, abogado penalista, quien había sido el redactor de la Ley 5, el reglamento del Congreso. 

Esta norma, aún vigente, pone patas arriba la naturaleza política de los procesos de juzgamiento ante Congreso y los convierte en engorrosos procesos cuasi penales, con toda la carga probatoria garantista que implican. Por esta razón, Samper se escabulló de su responsabilidad: porque había suficientes pruebas para declararlo indigno, pero insuficientes para condenarlo por un delito. 

Otálora ha echado mano del manual samperista para afrontar la tormenta mediática que lo agobia. Como buen abogado penalista que es, se arropó en la presunción de inocencia para evitar cualquier discusión sobre su conducta. Esto le resulta muy conveniente, uno, porque invierte la carga de la prueba; y dos, porque desvía el eje de la discusión. 

Sobre esto último, hay que recordar que la indignidad no ocurre por la tipificación de una conducta concreta, que sería el caso en el cual aplicaría la presunción de inocencia. Ocurre sencillamente porque la persona no tiene la capacidad material o moral para ejercer la función pública que le ha sido encomendada. 

A través de una melosa rueda de prensa, Otálora nos informó que todo lo había echo por amor, como si eso justificara cualquier cosa. Espantados los cupidos de flecha y arpa, sin embargo, debería quedar claro que así haya amor y relación, matrimonio e hijos, también puede haber acoso y violencia sexual. Una cosa no excluye a la otra. 

Por otra parte, además del tema sentimental, a Otálora se le acusa de volver a la Defensoría un infierno laboral. Hay numerosos testimonios de maltrato, gritos, insultos y groserías que no se pueden atribuir a la mala leche de unos funcionarios resentidos, como ha pretendido. 

Una Defensoría del Pueblo que se ha convertido en el imaginario colombiano en la Acosaduría del Pueblo, independientemente de los méritos de las acusaciones, requiere urgentemente de un cambio en su dirección. La solo presencia del doctor Otálora en el cargo, repito, sin importar si lo que se dice es cierto o no, impide que la entidad desarrolle adecuadamente su objeto.

Esto es en últimas la responsabilidad política, la cual toca restaurar si queremos algún día tener algún grado de normalidad en nuestro país.

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