lunes, 3 de diciembre de 2012
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¿Por qué culpar al juez y las cortes de Estados Unidos por seguir la letra de lo que aceptaron tres gobiernos argentinos?
 
Vamos por partes. El juez Thomas Griesa de la Corte Federal de Nueva York falló a favor de una minoría de inversionistas que no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda argentina hecha en 2005 y 2010. Ordenó el pago de US$1.330 millones antes del 15 de diciembre. 
 
¿Argumento de la Corte? Pari Passu. Es una cláusula establecida en el contrato original de la deuda, donde al momento de pagar, el deudor - en este caso el gobierno argentino- no puede discriminar a unos sobre otros. El tratamiento tiene que ser igual y sin preferencia. Por tanto, dice la Corte, el gobierno argentino no puede discriminar y dejar de pagarle a la minoría que no se acogió a la reestructuración. 
 
Pero el Gobierno no esta de acuerdo con la decisión. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, calificó el fallo de “colonialismo judicial” y que “estamos hablando de defender la soberanía de los argentinos”.
 
El Gobierno esta buscando oportunidades legales para dilatar o evitar el pago al 7% restante de acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda. No está de acuerdo con el fallo del juez Griesa. Apeló la decisión y lo logró parar el pago, temporalmente. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó suspendido, al menos hasta fines de febrero, el efecto de la sentencia que obligaba al Gobierno a pagarles al 7%. ¿Quiénes son este 7%? Desde jubilados que no aceptaron la perdida, hasta fondos de inversión - irónicamente antes se les acogía como inversores y ahora son calificados como fondos buitres por el gobierno argentino-. 
 
Este “medio tiempo” legal es un alivio para Argentina. Al Gobierno se le complicaba la situación. Según Reuters, el gobierno tiene que pagar cerca de US$3 mil millones en principal e interés al 93% de los tenedores de la deuda. A esto se suma los US$1.330 millones del fallo de la Corte. Si el Gobierno no pone mas dinero, o negocia con esa minoría de inversionistas, alguien se quedará sin pagar y técnicamente sería un default o suspensión de pago. 
 
Nada bueno para Argentina porque se encarecería el costo, lo que a su vez afecta el valor de otros títulos argentinos abriendo otra caja de pandora.
 
Con este problemón legal, pregunto: ¿esta batalla legal, que tiene preocupados tanto al gobierno como a muchos argentinos, pudo haberse evitado? ¿Hubo oportunidades para solucionarlo? Sí. ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta del millón. 
 
Hubo oportunidad en 1994, bajo la administración de Carlos Menem, cuando se comenzaron a emitir los primeros bonos de poner una cláusula en el contrato, conocida como la cláusula de acción colectiva. ¿Qué hubiera hecho? Cuando la mayoría de los bonistas aceptaban una reestructuración de deuda, los demás tenían que aceptarlo. Si esa cláusula hubiese estado hoy, no tendríamos este problema porque ya en la primera reestructuración de 2005, el 76% aceptaron el cambio.
 
Digamos que la cláusula de acción colectiva hubiera complicado la venta de bonos argentinos en ese momento, porque la administración del gobierno argentino, después de declarar default en 2001, sabiendo que la emisión de bonos desde 1994 no tenía la cláusula de acción colectiva y sí la de pari passu, ¿por qué no se negoció con ese 7% restante durante la reestructuración de 2005 y 2010 para evitar que fueran a las cortes estadounidenses reclamando el 100% de la deuda? Ellos sabían que las cortes estadounidenses tenían jurisdicción de ver el caso porque es bajo las leyes de New York que emiten los bonos en 1994.
 
En diciembre de 2001 el gobierno argentino declara “default” de su deuda externa, que en ese momento era más de US$80 mil millones. 
 
En 2005, la administración de Néstor Kirchner ofrece cambiar la vieja deuda por una nueva  donde pagaría cerca de 30 centavos por cada dólar de la vieja y quien acepte está rechazando el acuerdo de 1994. Incluso el Congreso Federal de Argentina pasó una ley donde no se haría otra negociación. El 76% de los bonistas aceptaron. Los demandantes actuales no. 
 
En 2010, con la administración de Cristina Kirchner, se hace una segunda renegociación. La aceptación llega a 93%, pero hay una minoría que no acepta. 
 
Tres administraciones con oportunidades para evitar esta complicada situación actual. Tres administraciones que saben que los acuerdos que adquieren no son con las administraciones, sino con el Estado. Los ciudadanos siguen teniendo la responsabilidad, pagando el costo de los vaivenes de las administraciones. 
 
Además, si aceptamos la globalización de la justicia en ciertos ámbitos tan importantes como los derechos humanos, ¿por qué negar la jurisdicción en otras como en los acuerdos contractuales?  
 
No sabemos como terminará este drama. Pero, lo que sí está claro es que culpar el fallo del juez y las cortes de Estados Unidos de “colonialismo judicial” es simplificar e ignorar los acuerdos que hicieron las administraciones del Estado argentino. Toma nota.