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Argumentan que cualquier traspaso de Messi a París constituiría una distorsión de la competencia con otras ligas nacionales
Un socio del Barcelona ha presentado denuncias ante un tribunal francés y ante la Comisión de la Unión Europea con el objetivo de impedir cualquier fichaje de Lionel Messi por el club de fútbol París Saint Germain, según documentos vistos por Reuters.
En las quejas, compartidas por el abogado del aficionado, Juan Branco, el socio del Barça alega que las autoridades futbolísticas francesas no han aplicado sus propias normas financieras de juego limpio (FFP, por sus siglas en inglés) para ayudar al PSG a convertirse en una fuerza del fútbol europeo.
El Barcelona, al igual que su principal rival en la Liga, el Real Madrid, es propiedad al cien por cien de sus socios abonados.
Las normas de la FFP prohíben, en particular, que los principales clubes de fútbol europeos paguen a sus plantillas una parte excesiva de sus ingresos totales, según las denuncias de los socios, que también afirman que el traspaso de la estrella argentina de 34 años al PSG infringiría el código.
El PSG, la liga de fútbol profesional francesa LFP y la Comisión Europea no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Sam Boor, directivo del grupo de negocios deportivos de Deloitte, dijo a Reuters en abril que el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha dicho históricamente que una relación salario-ingresos del 70% debería ser lo máximo a lo que deberían aspirar los clubes. Sin embargo, añadió que algunos grandes clubes podrían superar esa cifra e incluso llegar al 100% a corto plazo.
Cualquier traspaso de Messi del Barcelona a París constituiría una distorsión de la competencia con otras ligas nacionales, según las denuncias, y sería perjudicial para los aficionados del Barcelona.
Esta distorsión afectaría a la competencia del mercado del fútbol dentro de la Unión Europea, según la denuncia presentada ante el órgano ejecutivo de la UE, y por tanto constituye una ayuda estatal ilegal.
Esa decisión fue revocada tras un recurso presentado el 12 de junio, al aceptar los comisarios las pruebas aportadas por Alpine
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