Inversión extranjera, en riesgo por Electricaribe

“Con esta decisión no está en riesgo la seguridad jurídica. Por el contrario, el Gobierno de Colombia aplica la ley de insolvencia económica existente en la actualidad, un procedimiento concursal que existe en todo el mundo ante este tipo de situaciones”, decía el comunicado de la Cancillería.

De esta manera, el Gobierno pretende que la imagen que se está generando de expropiación se revierta y, de esta manera, no se ponga en riesgo la inversión extranjera que vendría tras la firma del proceso de paz.

Otro que apoyó la decisión fue el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quién además le pidió al Gobierno una solución estructural al problema de fondo y dijo que el Estado debe garantizar la prestación del servicio de manera adecuada.

“El Estado tiene el deber constitucional de garantizar el servicio. Serían absurdas las pretensiones de que el Estado indemnizara a los accionistas por la liquidación”, afirmó Mac Master.

Por otro lado, el gerente de Electricaribe en el sur del Atlántico, Arnold Álvarez Rodríguez, afirmó que los acueductos de siete municipios del departamento le adeudan la suma de $5.000 millones, por el concepto de facturas no pagadas por la prestación del servicio.

Aunque el gerente de la firma precisó que estas entidades están constitucionalmente protegidas para que, a pesar de las deudas, no les puedan suspender la prestación del servicio, también señaló que Electricaribe seguirá realizando la gestión de cobros correspondientes.