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En el índice de libertad de internet, Colombia fue el quinto en la región y el 23 en el mundo, con 64 puntos sobre 100 posibles. Se evaluaron 72 países con 89% de los usuarios
En el índice Freedom on the Net 2025 de Freedom House, Colombia obtuvo un puntaje de 64 sobre 100, ubicándose en el quinto puesto a nivel regional y en el puesto 23 a nivel mundial, lo que lo clasifica como un país “parcialmente libre” en internet. Este índice evalúa la libertad en internet en 72 países del mundo, que representan 89% de todos los usuarios globales de la red, a través de 21 indicadores que miden los obstáculos al acceso, las limitaciones al contenido y las violaciones a los derechos de los usuarios.
La medición está basada en los estándares internacionales de derechos humanos, más específicamente en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que destaca la importancia de priorizar un flujo libre de la información, así como la libertad de expresión y la privacidad en el mundo.
La puntuación final de cada país, en una escala de cero a 100, se calcula con base en el análisis de tres pilares. El primero son los obstáculos de acceso, que evalúan las barreras de infraestructura, económicas y políticas que impiden que los ciudadanos se conecten a internet de manera libre y constante.
En el segundo pilar se analizan los límites al contenido, es decir, la capacidad de los usuarios para acceder a información diversa y las formas en las que se restringe dicho acceso. Finalmente, el tercer pilar evalúa si hay violaciones a los derechos de los usuarios; básicamente, examina las repercusiones que sufren las personas por su actividad en internet.
Así, cada uno de los pilares aporta entre 25 y 40 puntos para la calificación final de cada país. En ese sentido, no solo se evalúa si en un país hay internet o no, sino también cómo dentro de él se controla el flujo de la información en la red y qué tan seguro es para un ciudadano expresarse en internet.
“La libertad de expresión y de prensa es innegociable. Ningún gobierno puede silenciar las voces de sus ciudadanos, y mucho menos aún si estas voces son críticas con él”.
“Proteger los derechos humanos en línea y reconstruir una internet libre, abierta y segura requerirá un compromiso de los gobiernos, los privados y la sociedad”.
"olombia tiene un largo camino por recorrer en este sentido que implican acciones multilaterales para mejorar estos aspectos".
El informe de la organización Freedom House presentó cinco hallazgos clave en su edición de 2025. Inicialmente, la libertad global en internet mostró su decimoquinto año consecutivo de descenso: las condiciones en 27 de los 72 países evaluados empeoraron, mientras que solo 17 presentaron mejores resultados el año pasado. China y Myanmar se mantuvieron como los países con menor libertad en la red, mientras que Islandia conservó su primer lugar como el país con mayor libertad en internet.
El segundo hallazgo destacado fue que nueve de los 18 países que tuvieron una clasificación de “Libres” en el índice el año pasado bajaron sus puntajes generales durante el período evaluado por la organización, lo que muestra que incluso allí, donde se supone que el internet es un ambiente más libre, no todos los pilares están equilibrados.
Otro hallazgo relevante fue que los gobiernos en los países que han sufrido el mayor declive en libertad de internet en los últimos 15 años, como Egipto, Pakistán, Rusia, Turquía y Venezuela, han intensificado su control sobre el entorno en línea en respuesta a los desafíos a su autoridad, expandiendo restricciones en el contenido, la vigilancia de las comunicaciones electrónicas e imponiendo sanciones más severas a quienes expresaban su descontento en internet, especialmente durante las protestas y las elecciones. La represión digital, entonces, ha resultado ser esencial para la “seguridad” de los regímenes autoritarios en el mundo.
Por otro lado, de los 21 indicadores que abarca el informe, el que evalúa si las fuentes de información en línea son manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos es el que ha experimentado el deterioro más constante a nivel mundial en los últimos 15 años, con la identificación de algunos métodos comunes de desinformación como la compra de bots digitales, el uso de sitios web falsos que replican a los medios de comunicación, contenido generado por inteligencia artificial e influencers que publican contenido progobierno sin claridad sobre su relación con el Estado.
Finalmente, el último hallazgo resaltó cómo la imposición del uso de tecnología de verificación de identidad para ciertos sitios web o plataformas en algunos países del mundo, motivada en algunos casos por el objetivo legítimo de proteger a los niños, estaría afectando el anonimato en línea, un factor esencial para la libertad de expresión.
Este año la UEintrodujo una aplicación para ello.
De acuerdo con el más reciente Google Transparency Report, que recopiló datos entre enero y julio de 2025, Colombia fue el tercero en la región en cantidad de solicitudes gubernamentales de censura a sitios web, con más de 200 solicitudes en solo siete meses. De estas solicitudes, más de la mitad estaban justificadas bajo una supuesta difamación; sin embargo, Google alertó que en realidad buscaban ocultar críticas políticas legítimas.
Un caso que muestra este deterioro es el de la Policía Nacional de Colombia, que solicitó a Google borrar un blog que contenía denuncias de corrupción de altos mandos, petición que la plataforma rechazó por tratarse de información de interés público.
La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, también alertó sobre un intento gubernamental de regular el contenido compartido en redes sociales de forma indirecta, con campañas del Ministerio de Defensa para tachar como “falsas” publicaciones realizadas por ciudadanos durante las protestas de 2021. Además, se suma el acoso judicial que sufren los periodistas por parte de funcionarios y particulares en relación con investigaciones publicadas en internet, lo que los obliga a dejar de cubrir ciertos temas, afectando los derechos de los usuarios en la red.
El país, a pesar de contar con un marco regulatorio que defiende el acceso a internet, sigue restringiendo de múltiples formas la libertad en internet.
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