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INFRAESTRUCTURA

Se debe hacer un esfuerzo para que tres iniciativas de la tercera ola tengan aportes del Estado

miércoles, 24 de agosto de 2016
Foto: Archivo
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El funcionario dijo que "si en verdad resulta cierta la tesis de que una partecita de Isagen va en infraestructura" se deberá valorar la posibilidad de darle vía libre a tres corredores. "No hay evento ni foro en donde no me insistan en que podemos tener la seguridad que los recursos de Isagen se empleen en los proyectos de infraestructura", resaltó el funcionario. Uno de los corredores que pidió priorizar fue el tramo entre Chachagui-Popayán.

"La situación del mercado financiero ha restado impulso a muchos proyectos que venían en etapa de maduración. Las condiciones de mercado es hoy uno de los obstáculos principales que se nos está presentando, en la medida en que subieron las tasas de interés, en que el mercado ha estado mucho más riguroso en la exigencia de garantías", dijo Vargas Lleras.

El funcionario reveló que el viernes entrará en servicio el corredor Bogotá-Villeta y que, en dos meses, estará totalmente entregada la vía a Tunja, incluyendo el paso por el Puente Nacional. "Nos tocó ganarnos un pleito en el Consejo de Estado, frente a las reclamaciones del Tribunal de Boyacá atendiendo una solicitud de un historiador", agregó.

Sobre el estado de los aeropuertos, anunció que el año entrante se entregará la terminal de Santa Marta y en enero estarán terminadas las obras en Rionegro. "Les diría que solo hay tres aeropuertos que faltan por concesionar o contratar su plan de obras: Neiva, Popayán y Armenia. Hemos tenido la mala fortuna que, desde hace dos años, se colgó la licitación que iba a concesionar el aeropuerto de Barranquilla", dijo.

Vargas Lleras añadió que también falta Buenaventura, donde "invadieron los predios y la consulta previa lo ha hecho inviable", y en el caso de Bogotá viene la estructuración de la APP para construir el aeropuerto Eldorado II.

El Vicepresidente resaltó los problemas en las obras en el río Magdalena, que esperan impactar a 115 municipios, 9 departamentos y tendrá una inversión de $2,5 billones. Además, dijo que espera que antes del 30 de agosto, cuando se dé la primera audiencia de caducidad, se "reponga la situación" de las compañías que hacen parte del consorcio y se pueda hacer el cierre financiero.

Antes de finalizar su intervención, hizo un llamado de atención para que se discuta la seguridad jurídica que deben tener los constructores para realizar sus proyectos.

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