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Durante este gobierno 6,3 millones de colombianos tuvieron por primera vez el servicio.
Una de los sectores a los que le apostó el actual Gobierno, tal como quedó reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas públicas emitidas desde 2014, es reducir las brechas de calidad del agua en las regiones que no cuentan con este servicio.
El balance que hace el Ministerio de Vivienda deja ver inversiones por $7,4 billones para mejorar las condiciones de suministro de agua y alcantarillado, monto representado en 2.083 proyectos en casi todos los municipios del país.
Al revisar las cifras de 2017, con corte al 31 de octubre, fueron finalizados 115 proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, los cuales representaron una inversión de $436.507 millones, en obras realizadas en 24 departamentos. Estos hacen parte de los 1.335 proyectos finalizados a nivel nacional por valor total de $2,3 billones.
Frente a los proyectos que todavía se están ejecutando, el Ministerio señaló en su más reciente rendición de cuentas que “se encuentran en ejecución 212 proyectos por valor total de $1,03 billones, así como 76 proyectos en contratación por $200.704 millones, para una inversión total de $3,6 billones correspondientes a 1.623 proyectos en los 32 departamentos”.
Para el expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y experto del sector, Julián Cardona, a pesar de estas cifras, “ha habido una demora por parte del Gobierno Nacional en impulsar en desarrollo de los acueductos que es la parte más central para el desarrollo de las poblaciones”.
“No ha habido toda la celeridad por los factores de contratación, pero se da cuenta que hay que acelerar los planes de los acueductos”, expresó Cardona.
De acuerdo con las cuentas del MinVivienda, son 894 municipios los que han mejorado sus condiciones de acceso a los sistemas de agua y saneamiento básico, con lo cual, 6,3 millones de colombianos tuvieron por primera vez agua potable en sus hogares en lo corrido de la gestión de este Gobierno.
En el caso de los sistemas de alcantarillado, el alcance es importante, si se tiene en cuenta que también se logró aumentar la cobertura, desde 6,1 millones de personas, a 7 millones de ciudadanos, quienes por primera vez contaron con el servicio de alcantarillado.
Estas metas van en línea con el Conpes 3810 de 2014, en el cual se plantearon inversiones en 10 años de $7,1 billones (en moneda de 2013), para cerrar las brechas de calidad de agua.
De acuerdo con el documento, las coberturas de acueductos en zonas rurales eran apenas de 73%, en contraste con la cobertura en las ciudades, que llegaba hasta 97. En el caso de los sistemas de alcantarillado, la diferencia era igualmente notable: en las regiones rurales solo 68% de los hogares contaban con saneamiento en sus hogares, en contraste con 91% en las urbes.
“Ha habido una demora por parte del Gobierno Nacional en impulsar el desarrollo de los acueductos que es la parte más central para el desarrollo de las poblaciones”.
“El Ministerio está creando normas para que las personas tengan mayor cobertura, continuidad y calidad, y que se entiendan las particularidades del sector rural”.
El ministro reconoció que “se está creando normas y regulando el sector para que las personas tengan un servicio con mayor cobertura, continuidad y calidad, que entienda las particularidades del sector rural y de los municipios pequeños”.
Otra de las metas es que se “garanticen la sostenibilidad de los prestadores con señales claras que deben volverse más eficientes”, según Sánchez, con acciones como la medición del consumo y las sanciones para quien derroche este líquido.
Una de las propuestas que ha impulsado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene que ver con el uso de Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción de infraestructura social, la cual incluye la construcción de acueductos, como es el caso del Acueducto de Santa Marta, el primero en operar bajo este esquema, y que plantea inversiones totales para la obra por $2,8 billones.
Sin embargo, no es una propuesta viable para algunos expertos, como Eduardo Sarmiento, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, quien cree que “ese sistema no ha funcionado bien en las obras públicas”.
Sarmiento agregó que el problema de este mecanismo es que no hay un atractivo para los inversionistas pues representa esto grandes riesgos y las ganancias pueden ser moderadas.
¿En qué consiste la nueva regulación?
La resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) busca regular a los pequeños prestadores, que atienden a menos de 5.000 ciudadanos en las áreas rurales, y por eso vigilarán el cumplimiento de metas establecidas en el documento. La primera meta es que se logre que 100% de los usuarios tenga cobro sobre facturación real y no promedios. La segunda tiene que ver con una garantía a la continuidad en la prestación del servicio, reduciendo los días que no hay acceso.
