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Así lo dejó ver la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) luego que se decretara la anulación del contrato en el Anillo Vial de Crespo por cuenta de los retrasos de 11 meses que tienen algunas obras de este proyecto. La entidad manifestó que “en agosto pasado se resolvió con la declaratoria de incumplimiento tras las fallas encontradas en las obras de construcción”.
Cabe recordar que el 20 de abril, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inauguró el deprimido de 600 metros que hace parte del kilómetro de doble calzada y el puente sobre la avenida Santander en Cartagena con el fin de descongentionar y reducir los tiempos de desplazamiento entre el centro y norte de la ciudad.
Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, explicó que “la decisión no es arbitraria porque se basan en los reportes del interventor y se tomó la decisión de habilitar al usuario para mejorar la movilidad de la ciudad”.
LR se puso a examinar los pleitos entre el Gobierno y los constructores y encontró que, entre demandas y procesos, se han buscado recursos cercanos a los $2 billones en arbitramentos. Fue el caso de la pelea entre el Concesionario Bogotá-Girardot por los retrasos en la doble calzada.
El trámite se encuentra en el tribunal de arbitramento para definir si el Estado debe pagar los $300.000 millones que pide el constructor pero vale señalar que en una primera instancia, la ANI ganó el pleito por cuenta de las multas en los retrasos y obras que alcanzaban los $290.000 millones.
Finalmente, el contrato de concesión terminó siendo reversado y la concesión abierta a una nueva licitación que ganó el Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot. El nuevo proyecto de concesión contempla una inversión de $1,7 billones.
Otro caso es el del Concesionario Consol que presentó una demanda por $700.000 millones contra la ANI por sobrecostos en compra de predios y problemas de comunidades en el proyecto Ruta del Sol. El proceso sigue su curso en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El proyecto Ruta del Sol tiene en los planes del Ministerio de Hacienda vigencias futuras aprobadas hasta 2040 por un monto de $4,7 billones, de acuerdo con su Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En el sur del país, el frente del pleito también estuvo el concesionario Devinar con la ANI y en el que la Nación, en febrero de este año, se encontraba en riesgo de tener que desembolsar $600.000 millones pero que fue resuelto por una conciliación para ejecutar el contrato en la vía entre Rumichaca-Pasto.
Y no hay que olvidar tampoco el laudo entre Opaín, que tiene al Grupo Odinsa como mayor accionista, y la ANI en septiembre de 2015. En este arbitramento se falló a favor del concesionario al señalar que actuó en el marco de sus obligaciones contractuales y respetando las condiciones para el uso del Puente Aéreo por parte de Avianca. Las demandas sumaban $600.000 millones.
Pero no solamente la ANI, que es la entidad encargada de las concesiones, se ven los pleitos con los constructores. También en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el que sobresale el proyecto del túnel de La Línea, a cargo del constructor Carlos Collins. Cabe recordar que luego de una conciliación entre Invías y Collins se realizó el plan de choque para agilizar la ejecución de la obra y poner en funcionamiento, según Vicepresidencia de la República, el túnel de 8,6 kilómetros en 2018.
Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional señaló que “es importante para el desarrollo de las obras que se aumenten los controles y se tengan definidos, con antelación, los diseños y predios para no presentar sobrecostos durante la construcción. Muchos de los pleitos se originan por una inadecuada planeación”.
Si bien los pleitos siguen estando, hay que aclarar, que varios de los contratos y pleitos mencionado arrancaron en el antiguo Instituto Nacional de Concesiones, entidad reemplazada por la ANI en 2010.
Habilitado por 48 horas paso en el Charte Casanare
El Ministerio de Transporte habilitó un paso provisional de vehículos de carga como una medida para enfrentar la emergencia vial provocada por el desplome del puente sobre el río Charte. Según el ministro Jorge Eduardo Rojas, en la medida en que el caudal del río disminuyó los esfuerzos se concentraron en aplicar material y reconformar la capa superior del paso provisional adecuado con tubos y habilitar con retroexcavadoras el paso por el afluente. La remoción del puente colapsado alcanza 40% de ejecución y se habilitó un segundo buggy para transporte.
Las opiniones
Luis Fernando Andrade
Presidente de la ANI
“Si un contratista acumula varios incumplimientos en un año le generamos las multas y sanciones que le impidan contratar con el Estado para que nos tomen en serio”.
Stalin Rojas
Director Observatorio Movilidad Universidad Nacional
“Es positivo ver más controles a la ejecución de obras pero es clave que, con antelación, se cuenten con los predios para evitar problemas de sobrecostos”.
