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En caso de que un contratista no cumpla con las obligaciones, al banco le responderá el Estado.
Esta semana la Cámara de Representantes aprobó en su cuarto debate el proyecto de ley de infraestructura, según lo dicho por el propio Gobierno, fue “diseñado para fortalecer los procesos de contratación pública en las regiones”.
En el texto, que pasó su último trámite en la cámara baja, dice que “si los recursos (...) no fueren suficientes, la suma restante deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco pagos anuales iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación”.
Pero la norma, no solo cubriría lo que en principio puso el banco que financie las 4G, sino que también se responsabilizaría por los intereses generados. “Los pagos diferidos de que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme el reglamento que para tal efecto emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden un plazo de pago menor”.
Hay que recordar, que hace unos meses estalló el escándalo de Odebrecht, el cual involucró diferentes proyectos que tuvieron que pasar por un proceso de nulidad como ocurrió con la Ruta del Sol II.
En ese momento, en el proyecto estaba el Grupo Aval a través de Corficolombiana, que fungía como el accionista único de Episol S.A.S., y este, a su vez, era propietario de 33% de la tajada accionaria del consorcio encargado de construir el segundo tramo de la Ruta del Sol II. Las inversiones realizadas alcanzaron $300.000 millones y las pérdidas, $100.000 millones. Esto significó que el impacto Odebrecht en las utilidades de Grupo Aval fue de $44.000 millones, según explicó en su momento el presidente del Grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
Este impacto que sufrió podría ser el primer beneficiado de la iniciativa, “esta ley es retroactiva, es decir, que va a tener en cuenta los contratos tomados antes de su aprobación como el caso de Aval”, explicó José Roberto Acosta, analista económico y docente del Cesa.
Retomando el texto de la ley, establece que los pagos que haría el Estado a las entidades financieras, en caso de inconvenientes con el contratista, se harán independientemente de si los proyectos “hayan sido ejecutados total o parcialmente”, explicó el documento.
Por su parte, ya se empezaron a reconocer las primeras reacciones del sistema financiero sobre el proyecto, el presidente de Fiduciaria Bancolombia, Julián Mora Gómez, agregó que “hay que darle confianza a la banca local e internacional de que son sostenibles las obras de infraestructura y que hay seguridad jurídica. La banca ha demostrado el interés de invertir en la construcción, tiene estructuras de financiación con bancos locales fuertes”.
Bajo la misma línea, el vicepresidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se refirió sobre el tema contando que “recibimos con beneplácito la aprobación del proyecto de ley. Lo vemos como un gran paso en el camino a la reactivación de las 4G, dado que facilitará la materialización de nuevos cierres financieros esta es una condición necesaria mas no suficiente. La disposición a financiar depende en gran medida de elementos idiosincráticos de cada proyecto que deben ser evaluados a la luz del apetito de riesgo de cada entidad”.
Hay que tener en cuenta que la iniciativa de Mintransporte debe aún pasar por la conciliación entre Senado y Cámara, luego de esto el presidente Juan Manuel Santos debe sancionarla para que se convierta en Ley de la República, se espera que se logre este año.
