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TRANSPORTE

Ley de consultas previas será uno de los desafíos del sector para este año

viernes, 12 de enero de 2018

Otro de los puntos clave es la implementación de los pliegos tipo.

Katherine Benítez Piñeros

El año pasado hubo importantes avances en materia de infraestructura como la entrega de las obras de ampliación de Eldorado y el José María Córdova de Rionegro, la aprobación de la Ley de Infraestructura, el cierre financiero de ocho proyectos y la construcción de 21 del programa de Concesiones viales de cuarta generación (4G).

Sin embargo, con la llegada del nuevo año, el sector también tiene tres desafíos, según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Sobre las vías 4G, Caicedo destacó que se tiene contemplado el cierre financiero definitivo de 10 proyectos. “Sin duda, es un reto que tienen no solamente los concesionarios sino también el Gobierno, porque hay que volver a recuperar la confianza de los inversionistas, sobre todo, de los financiadores”, añadió Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

También señaló como desafío que “se requiere la implementación del pliego tipo incluido en la Ley de infraestructura recientemente aprobada por el Congreso”.

Sobre este tema, Durán aclaró que con la aprobación de esa ley quedó establecido que el Gobierno expedirá los pliegos tipo, los cuales serán obligatorios para todas las entidades sujetas al régimen de contratación de la ley 80, que incluye a municipios, departamentos y las del orden nacional.

“Aunque ya el Gobierno tiene la facultad, aún no se han hecho. Ese es el trabajo que es importante que se saque en el primer semestre de este año, puesto que la Ley dio seis meses para reglamentarlos”, explicó el directivo.
En materia normativa, el presidente de la CCI destacó que “se hace imperativo el trámite de la ley estatutaria de consultas previas en el Congreso”.

Para Durán, la idea inicial de las consultas previas era poner en conocimiento de las comunidades los proyectos que se van a hacer en sus zonas, para que analizaran sus impactos y se buscara cómo mitigarlos.

“Desafortunadamente, han pasado a un tema de negociación en el que las comunidades pueden llegar a exigir compensaciones que no tienen que ver con el proyecto y retrasándolos”, afirmó Durán.

Otro de los retos, según el presidente de la SCI, es que las medianas y pequeñas empresas de ingeniería sean incluidas en los procesos de contratación pública.

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