Desde cárceles y hospitales hasta vías, las 178 APP que están en veremos

Luego de 20 años de malas prácticas en contratación, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) llegó hace dos años para mejorar la ejecución y darle cabida a la inversión privada. Sin embargo, hasta el momento, solo hay para mostrar las vías de Cuarta Generación (4G), mientras que 178 proyectos presentados por las empresas avanzan a paso lento.

Vías, cárceles, hospitales y parqueaderos aún no son realidad y están en veremos, porque más de la mitad de las iniciativas aún están en proceso de aprobación.

Aunque los expertos destacan la ley, cuestionan la agilidad de los trámites y la causa de las demoras está en el desconocimiento de la herramienta por parte de las entidades. Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, dijo que las APP están caminando “más despacio de lo que quisiéramos. Hay que hacer ajustes a la norma, porque es paquidérmica”.

Actualmente, en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (Ruapp) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) hay 251 iniciativas desde marzo de 2012, a las que se deben sumar los nueve proyectos de 4G. De estas 260, 90% están en estudio.

Del total, 69% son iniciativas privadas sin necesidad de recursos públicos, 23% son privadas pero requieren dineros del Estado y 6,9% son ideas públicas.

Este esquema inició con La Ley 1508, la cual se expidió el 10 de enero de 2012. La idea del proyecto era eliminar las viejas prácticas con las que planes clave para el desarrollo del país quedaron a medias y pasaron una alta factura.

Antes el Estado pagaba anticipos por los proyectos de concesión. Las empresas recibían los recursos independientemente de si cumplían o no con el servicio. Un ejemplo de ello, es el tan sonado caso Commsa, uno de los mayores escándalos de contratación en Colombia, en el que se incumplió con el contrato de la troncal del Magdalena Medio.

Con la nueva normatividad, las APP de iniciativa pública tienen recursos de ambas partes y se adjudican mediante una licitación pública. De los 260 proyectos, 18 pertenecen a esta categoría, como por ejemplo, el programa de las casas de justicia o la modernización del aeropuerto de Barranquilla.

Las de iniciativa privada son otra categoría, las cuales pueden contar con 20% de financiación pública. Un ejemplo, la construcción de una línea ferroviaria que parte de la Estación Central de la Sabana o el reemplazo de las flotas de Transmilenio.

La última categoría es cuando los recursos del proyecto son 100% del privado, en este tipo de contratación se pueden destacar iniciativas como el mejoramiento de los accesos por el norte de Bogotá y la Carrera Séptima.

La ley de APP no se enfoca solamente en servicios de infraestructura de transporte sino que también tiene en cuenta proyectos de carácter social y productivo.

Sin embargo, la mayoría corresponde al sector transporte, en la categoría de vías, aeropuertos y transporte urbano (57%), mientras que el resto son los proyectos de carácter social. Por ejemplo, uno de esos es la atención integral a la primera infancia. La estrategia del Gobierno “De cero a siempre” prevé construir 12 centros en Cartagena, Barranquilla, Ciénaga y Aracataca. Los proyectos más escasos son los de logística urbana con cinco, al igual que locales comerciales y edificaciones públicas. Agua y saneamiento tiene seis propuestas. También hay pocas iniciativas relacionadas con aeropuertos (6), salud (7) y trenes (9).

Estado de las iniciativas
La mitad de las APP están etapa de prefactibilidad en estudio, es decir, las entidades gubernamentales están evaluando que el proyecto sea de interés general. El problema es que las entidades, en muchos casos, llevan más de dos años evaluando esto, a pesar de que este proceso debería realizarse en tan solo 3 meses.

Un 15% de las iniciativas están en etapa de factibilidad en estudio, es decir, en la estructuración del proyecto por parte del privado. Una de esas es La Paila-Calarcá. El cápex estimado para esta doble calzada es de $1,06 billones. Odinsa, su constructor, presentó un estudio completo de viabilidad en noviembre de 2012. De ser aprobado, tendría un año de preconstrucción y tres de construcción.

“Es una infraestructura que completaría la ruta entre Bogotá y Buenaventura. Esperamos que a lo largo de este año se consiga la factibilidad y pueda arrancar en el primer semestre del año que viene”, aseguró el presidente del Grupo Odinsa, Víctor Cruz.

Solo 3,4% de las iniciativas están adjudicadas o en proceso de licitación; entre estas se encuentra la Navegabilidad del río Magdalena. Las 178 APP en veremos corresponden a las iniciativas en proceso de pre-factibilidad y factibilidad, y en su mayoría son las privadas.

Los problemas
Si bien este esquema es un paso importante para que el sector privado se involucre, expertos aún identifican trabas. Aún el país se encuentra estudiándolo y aprendiéndolo. Lo nuevo, dice Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, puede dar algo de “miedo”, sobre todo al sector público. La falta de antecedentes, más una “cacería de funcionarios públicos” por parte de los organismos de control, hacen que muchas veces ellos no quieran “estrenar esta figura para no enredarse”.

Uno de los malentendidos sobre lo que es este esquema es que los funcionarios tienden a pensar que una APP funciona como el anterior esquema de la contratación. Es así como en las alcaldías locales están frenadas unas 99 iniciativas públicas y privadas.

“En Colombia hay contextos que se deben cuidar y que impacta la ejecución como el macroeconómico, la políticas públicas, el tema de organismos de control. Los empleados públicos se cuidan muchísimo”, dijo el director de la Vicepresidencia de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Diego Sánchez.

Otro es el problema de los riesgos intransferibles como las licencias ambientales, las expropiaciones y las consultas con comunidades. Algunos de estos riesgos fueron aliviados con la Ley de Infraestructura, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

La presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, piensa que otro de los problemas es que los tiempos de estudio son largos y el recurso humano de las entidades no es suficiente para entregar una respuesta rápida a estos proyectos.

No solo debe haber pertinencia en el proceso sino que debe ser rápido, antes de que se pierda la carrera por la competitividad.

Se han rechazado cerca de 70 proyectos
El 42% de los proyectos rechazados pertenecen a vías, 5% son trenes, otro 5% pertenecen a transporte urbano, 2% es de alumbrado público y otro 2% de locales comerciales. Para el Departamento Nacional de Planeación esto se debe en gran parte a que no cumplen los requerimientos normativos: los proyectos requieren más de 20% de recursos públicos, la infraestructura no cumple las necesidades reales del municipio o entidad, los privados las retiran puesto que hay un rechazo. Esto se genera porque solo recibe la remuneración cuando acaba el proyecto, en el texto no hay una adecuada distribución de los riesgos, entre otros.

Las Opiniones

Víctor Manuel Cruz
Presidente del Grupo Odinsa
“La recomendación sería hacer más rápidas las resoluciones, de manera que se pudieran acortar los tiempos desde que se presenta la iniciativa hasta que se adjudica”.

Diana Espinosa
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
“Hay desconcierto con las APP, muchas empresas hicieron estudios que costaron mucho dinero y aún no ha habido ninguna respuesta de aprobación”.

Diego Sánchez
Director Vicepresidencia de Infraestructura de CAF
“Cuando se habla que en las iniciativas privadas el aporte público no puede ser mayor al 20% esto va a limitar muchísimo proyectos de desarrollo social”.

Eduardo Loaiza Posada
Gerente seccional Antioquia Camacol
“Esta ley es un paso enorme que permite que el sector privado pueda hacer proyectos, tenga la explotación comercial, y después de un tiempo, pasen a manos del Estado”.