De las 4G y las licencias ambientales

Las concesiones de 4G son la mayor apuesta en infraestructura de Colombia en décadas, según datos de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) se proyecta la construcción o adecuación de 8.000 km de carreteras (1.370 km en doble calzadas) y más de 100 túneles, esto crea cerca de 200.000 empleos con una inversión de $7,8 billones; algunos objetivos son: aumentar la competitividad del país con la disminución de los tiempos de tránsito de carga y pasajeros, mejorar las especificaciones de diseño y dinamizar el flujo comercial entre los puertos y el centro del país.

Entendiendo “lo ambiental” como la suma de las interrelaciones entre los medios abiótico, biótico y socioeconómico; las 4G tienen un impacto positivo en las comunidades locales, pues permite la generación de empleo, el mejoramiento en la calidad de vida, el aumento del flujo de productos agropecuarios; y para la sociedad en su conjunto la posibilidad de hacer viajes más confortables y una posible reducción en los precios de bienes y servicios.

La Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) tiene como responsabilidad otorgar las licencias ambientales a este tipo de proyectos, este proceso inicia con la expedición de términos de referencia que no son otra cosa que una lista de requisitos que el interesado en ejecutar el proyecto debe cumplir a cabalidad para que esta entidad evalúe la viabilidad ambiental o no del mismo. Es importante mencionar que una vía 4G puede necesitar más de un término de referencia, esto depende si tiene túneles, puentes, variantes, entre otras.

Con base en los términos, el interesado presenta el estudio de impacto ambiental a la Anla que evalúa el informe y otorga o no la licencia ambiental; hasta ahí todo parece posible: contratar a la empresa de consultoría, enviar a los profesionales a campo, correr con los tiempos, formular la evaluación de impactos, la valoración económica, el plan de manejo ambiental, en fin hacer el estudio de acuerdo a los requerimientos de la autoridad ambiental.

Sin embargo, lo malo es que la Anla es un fortín político de Cambio Radical, el mismo partido del ex vicepresidente Germán Vargas (ahora candidato “por firmas”), el cual desde su administración gestionó la ejecución de las vías 4G, las inauguró (no olvidar el puente de Chirajara) y ha cobrado políticamente estos éxitos olvidando los fracasos. Lo terrible es que en el momento de aprobar las licencias ambientales para las 4G, el director de la Anla venía de trabajar en la ANI, esto con un evidente conflicto de intereses.

Sobra decir que las licencias ambientales de las 4G se aprobaron sin mayores reparos, lo que le permitió al ex vicepresidente mostrar una excelente gestión; esto no está mal, sin embargo, queda en el aire el papel que tiene la Anla como autoridad ambiental.

Los estudios ambientales los elaboran los profesionales de las empresas de consultoría con dedicación y rigor, en la Anla los técnicos evalúan a conciencia, muchas veces con el tiempo en contra, con pocos recursos y con unas difíciles condiciones laborales; nada extraño en el país en el que vivimos. Además, este esfuerzo profesional se pierde cuando el afán de licenciar para mostrar gestión es más fuerte que los argumentos técnicos, a esto hay que sumarle que la Anla viene sufriendo recortes presupuestales lo que acarrea problemas para hacer una adecuado seguimiento y monitoreo a los proyectos.

Las licencias ambientales son el seguro que tiene la sociedad para salvaguardar el capital natural que tiene el país, cuando hay que darle vía al desarrollo (y a las 4G); es necesario darle más dientes a la Anla; recursos, autonomía técnica, independencia política. Lo anterior se traduce en una mejor gestión de la entidad lejos de los intereses del candidato de turno.