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El 1er juzgado Civil de Santiago concedió a la firma la medida prejudicial solicitada y durante 6 meses podrá resolver sus conflictos bajo el mecanismo de “consulta amistosa”.
WOM anotó un triunfo en el 1er Juzgado Civil de Santiago, después de que el tribunal les concedió la medida cautelar que pidió la operadora para bloquear el pago que tendría que hacer por US$50 millones ante el retraso del despliegue de la red 5G.
“Se decreta la medida prejudicial precautoria innominada consistente en la suspensión de cobro y/o ejecución de las pólizas de seguros”, se desprende de la resolución con fecha el 7 de noviembre y notificada a las partes la semana pasada.
A partir de ese día, la operadora y el Estado tendrán seis meses para negociar una salida al conflicto, pues la compañía ligada al fondo de inversión Novator Partners activó ante el tribunal el mecanismo de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para solucionar su discrepancia.
El nudo central por resolver es precisar el monto de la multa y la cantidad de antenas comprometidas, de modo de cobrar una boletas de garantía de manera proporcional y no por el monto total.
En 2021 WOM se adjudicó un proyecto para la construcción de 5 mil antenas en 24 meses. Sin embargo, en ese plazo no alcanzó a desplegar la totalidad de sitios.
Antes del vencimiento del hito, la empresa presentó una batería de acciones judiciales para extender el límite alegando conflictos por “fuerza mayor”, pero estos argumentos fueron rechazados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), lo que originó la discrepancia.
Actualmente, las partes están a la espera de un fallo en la Corte de Apelaciones que trata sobre las antenas y que va en paralelo a esta acción civil.
En el escrito de 55 páginas impulsado por el director jurídico de WOM, Marcelo Fica, -junto al estudio de abogados Albagli Zaliasnik-, la empresa logró mantener el status quo para abrir un período de negociación llamado “consulta amistosa”, y que funciona previo al Ciadi.
“Sin perjuicio de otras acciones que puedan proceder, esta parte llevará a cabo inminentemente los pasos previos obligatorios para la instauración de un arbitraje de inversión contra el Estado de Chile ante el Ciadi con el objetivo de obtener total y justa compensación por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la vulneración de las garantías y derechos otorgados bajo los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones suscritos entre la República de Chile y otras naciones aquí aplicables”, se desprende del escrito.
Así, en los próximos seis meses WOM y la Cancillería -organismo que tradicionalmente lidera las conversaciones frente a disputas con inversionistas internacionales- tendrán hasta junio de 2024 para sentarse a conversar, exigencia obligatoria del Ciadi antes de ingresar una demanda formal.
Pese a esto, WOM no ha frenado el despliegue de la red 5G en Chile. Incluso, tras la llegada de Chris Bannister como CEO de la compañía se retomaron las conversaciones con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para acelerar la construcción del proyecto.
“La resolución del tribunal suspende el cobro de las garantías. Esto permite que Subtel y WOM sigamos trabajando en conjunto para determinar los niveles de avance del proyecto”, señaló a DF Marcelo Fica.
Frente a los tribunales, el ejecutivo explicó la importancia de paralizar el cobro: “Pone en riesgo seriamente la seguridad financiera” de la compañía.
“Un cobro de más de US$ 50 millones dejaría en una situación financiera muy delicada a cualquier empresa, inclusive a una de la solvencia y características de WOM. Ello, pues luego del cobro de esta cantidad de dinero, las aseguradoras repetirán en contra de WOM y, como fácilmente podrá advertir, la caja que se requiere para hacer frente a un pago de la envergadura de la que estamos hablando es inmensa, solvencia que dudamos que alguna empresa en Chile - salvo puntualizadas excepciones- posea a nivel de flujo para hacer frente con capacidad a un cobro de tales características”, dijo el abogado.
Además, el director jurídico de la empresa explicó al tribunal que diversos organismos públicos como la Corporación Nacional Forestal (CONAF), las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Ministerio de Bienes Nacionales reconocieron que existían “imposibilidades inimputables” a la firma, las que fueron presentadas en el escrito.
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