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Venezuela contrata a bufete Greenberg Traurig para caso judicial en EE.UU. contra Crystallex
Venezuela ha estado modificando su representación legal en tribunales extranjeros en los últimos meses, especialmente en casos de gran relevancia con Estados Unidos
Venezuela contrató al bufete de abogados Greenberg Traurig para representar al país en una batalla legal contra Crystallex, en la que más de una docena de acreedores busca obtener indemnización por expropiaciones, informó el jueves el despacho que anteriormente llevaba la defensa.
Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye encabezan ahora el equipo de Venezuela en el caso, comunicó esta semana la procuradora general del país, Arianny Seijo, en una carta dirigida a la firma Munger, Tolles & Olson, que solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito autorización para retirarse como representante legal.
Este cambio se produce después de que Washington reconociera formalmente en marzo al gobierno encargado, encabezado por Delcy Rodríguez, como la autoridad legítima del Estado venezolano.
"La decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a una parte como el único jefe de Estado de un gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales", dijo Munger, Tolles & Olson al tribunal.
Venezuela ha estado modificando su representación legal en tribunales extranjeros en los últimos meses, especialmente en casos de gran relevancia en Estados Unidos relacionados con pagos e indemnizaciones pendientes, mientras intenta estructurar un plan de pago de su deuda externa.
Diversas voces, incluida una institucional como el Banco de Israel, piensan que lo mejor es prevenir sanciones
Esta iniciativa se basa en su alianza con Qai, la empresa de inteligencia artificial de Qatar y filial de la Autoridad de Inversiones de Qatar, para invertir US$20.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Catar
Según los términos del acuerdo, el banco pagará US$589 millones, de los cuales una parte se abonará al cierre de la operación y el resto se aplazará a lo largo de cinco años