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Los ministros aprobaron una recomendación que establece un mapa común que define las zonas de riesgo dentro de la UE
Los ministros de Relaciones Exteriores europeos adoptaron el martes criterios comunes para coordinar las restricciones de viajes dentro del bloque con el fin de unificar las medidas dispares aprobadas por cada país para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha resurgido en el continente.
En una reunión en Luxemburgo, los ministros aprobaron una recomendación, de carácter voluntario, que establece un mapa común en el que se definen las zonas de riesgo dentro de la Unión Europea (UE). Varios países se abstuvieron en la votación, entre ellos Luxemburgo.
El texto prevé que el Centro europeo de prevención y control de enfermedades (ECDC, según sus siglas en inglés) publique cada semana un mapa mostrando la situación dentro de los países miembros con un código de colores (verde, amarillo y rojo), como un semáforo que marque el riesgo.
Las zonas tendrán un color u otro en función de las infecciones por cada 100,000 habitantes en los últimos 14 días. Un cuarto color, el gris, estará previsto para las zonas en las que no hay suficientes datos o no se realizan suficientes test.
Los viajeros que vengan de una zona naranja, roja o gris pueden tener que respetar una cuarentena o un test obligatorio al llegar a otro país. Habrá viajeros que realizan funciones consideradas esenciales, que estarán exentos de cuarentena.
Un país que prevé restricciones hacia viajeros que provienen de una zona de riesgo tendrá que informar al Estado miembro en cuestión 48 horas antes del inicio de las restricciones y los ciudadanos también deberán ser advertidos 24 horas antes.
También se creara un formulario único europeo que todos los viajeros tendrán que rellenar.
Sin embargo, los Estados miembros no lograron un acuerdo sobre las medidas que se deben tomar sobre los viajeros que vengan de zonas consideradas de riesgo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país se abstuvo en la votación, estimó que el test debe de ser "completado y revisado en profundidad", añadiendo otros criterios como el número de pruebas de diagnóstico realizadas, la situación de los hospitales o el número de fallecidos.
Concretamente, el responsable consideró que su país se ve "castigado" por su política de test masivos.
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