Trump acelera el proceso de deportación de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) contratará más de 15.000 oficiales para detener y deportar inmigrantes indocumentados y buscará ampliar un programa que autorizará a policías a actuar como oficiales de migración en la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump.

Las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indican que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

En dos memorandos internos, fechados el lunes y divulgados hoy en el sitio web oficial del Departamento, el secretario de Seguridad, determinó que aún inmigrantes sin antecedentes criminales podrán ser objeto de deportación inmediata.

En dos memorandos firmados dirigidos a los titulares de las tres agencias migratorias bajo su autoridad, John Kelly, delineó la manera como la dependencia implementará la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 22 de enero.

No obstante, el documento añadió que, "con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría para remoción de extranjeros de la potencial aplicación de la ley".

"Todos aquéllos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos", apunta el documento.

Según las directrices, quedan exentos los jóvenes indocumentados (“dreamers” o “soñadores”) que llegaron al país cuando eran menores de edad. En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal.

Los memorandos darán más autoridades a las agencias federales y sus oficiales federales más poder para detener y deportar de manera más agresiva a inmigrantes indocumentados dentro del país y a lo largo de las fronteras de Estados Unidos.

Para ello Kelly amplió la lista de inmigrantes indocumentados cuya detención y deportación será prioritaria bajo la orden de Trump, yendo más allá de los criminales indocumentados.

Esta lista incluirá ahora a cualquier inmigrante indocumentado acusado de cualquier delito que no haya sido resuelto; aquellos que haya cometido actos que constituyen un delito que puede ser encauzado penalmente, quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal, o hayan abusado programas federales de asistencia pública.

Kelly también determinó la contratación de 5.000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10.000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).

Estos memorandos internos son el primer paso para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a los inmigrantes en situación irregular —unos 11 millones en total, la mayoría mexicanos— independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en territorio estadounidense.

Por el momento el gobierno de Trump no parece dispuesto a modificar el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también prometió poner fin durante su campaña.

El pasado 23 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dicho que la prioridad del gobierno eran inmigrantes con antecedentes criminales.

"Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención", dijo Spicer, para quien "en la actualidad la prioridad está en las personas que han hecho daño a nuestro país".

El Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por el Gobierno de Barack Obama en el 2012, ha permitido frenar la deportación de al menos 750.000 “soñadores”.