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Tribunal de apelaciones sopesa que Trump use ley de guerra para deportar venezolanos
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El Gobierno de Donald Trump dijo que los detenidos son miembros del Tren de Aragua, una violenta banda venezolana
Un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos orales el lunes en lo que probablemente será un juicio decisivo sobre si el Gobierno del presidente Donald Trump puede usar una ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos está sopesando si los migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, pueden ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu, por su sigla en inglés), Lee Gelernt, que defiende a los detenidos, dijo que la ley de 1798 fue concebida para ser utilizada en tiempos de guerra, y "el propio gobierno está diciendo que no estamos en un conflicto militar" con Venezuela.
El Gobierno de Trump dijo que los detenidos son miembros del Tren de Aragua, una violenta banda venezolana. La Aclu ha rebatido las afirmaciones de pertenencia a la banda y afirma que muchos de sus clientes tienen solicitudes de asilo legítimas.
El 5º Circuito, un tribunal de apelaciones intermedio con sede en Nueva Orleans, tiene fama de ser uno de los más conservadores del país.
En una proclama del 14 de marzo, Trump dijo que utilizaría la Ley para detener y deportar rápidamente a los miembros del Tren de Aragua. Afirmó que la banda es una organización terrorista internacional patrocinada por el Estado que ha invadido territorio estadounidense.
La Corte Suprema dictaminó en abril que las impugnaciones a la expulsión en virtud de la ley deben presentarse en los distritos judiciales federales donde se encuentran los detenidos.
El tribunal dijo que no estaba resolviendo la validez del recurso del Gobierno a esa ley para llevar a cabo las expulsiones.
Desde entonces, los tribunales de todo el país han impugnado la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente, y varios jueces han bloqueado las deportaciones en virtud de dicha ley dentro de sus distritos judiciales.
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