Shell recibe autorización para proyecto en aguas venezolanas con Trinidad y Tobago

El gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia especial a la multinacional energética Shell y al gobierno de Trinidad y Tobago para avanzar en el desarrollo del proyecto gasífero Dragón, un importante yacimiento costa afuera ubicado en aguas venezolanas, cerca de la frontera marítima entre ambos países. El anuncio fue hecho este jueves por el fiscal general trinitense en una conferencia de prensa, en lo que representa un paso clave para la cooperación energética regional y un giro en la política de Washington frente al sector energético venezolano.

La autorización, emitida el 8 de octubre, permitirá que Shell y la estatal trinitense National Gas Company, NGC, negocien directamente con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta abril de 2026 para definir los términos del proyecto. El objetivo es garantizar el suministro de gas para las plantas de licuefacción y petroquímicas de Trinidad, que en los últimos años han enfrentado problemas de abastecimiento. El campo Dragón cuenta con reservas estimadas superiores a 4 billones de pies cúbicos de gas, según datos del Ministerio de Petróleo de Venezuela.

El proyecto, que había estado paralizado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a Caracas y a Pdvsa, podrá retomarse ahora bajo condiciones específicas impuestas por Washington. Entre ellas, se exige la participación de empresas estadounidenses en el consorcio y el cumplimiento de metas comerciales determinadas. Las autoridades trinitenses aseguran que estos requisitos son alcanzables y no comprometen el desarrollo del proyecto.

Shell, que ya había firmado en 2023 junto con NGC un contrato de producción compartida por 30 años para explotar el yacimiento, está preparando el reinicio de las actividades preliminares. La empresa también busca que la licencia tenga una duración prolongada, hasta 10 años, para asegurar estabilidad en las inversiones a largo plazo. Además, la británica BP estaría intentando restaurar su propia licencia para desarrollar el yacimiento vecino Manakin-Cocuina, ubicado en el lado venezolano de la frontera marítima.

El proyecto Dragón es considerado estratégico tanto para Trinidad y Tobago como para Estados Unidos. Para el país caribeño, representa una oportunidad de asegurar el gas que necesita su industria de gas natural licuado, GNL, y sus plantas petroquímicas, mientras que para Washington significa un instrumento geopolítico: al tiempo que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con sanciones y operaciones militares en el Caribe, también facilita acuerdos energéticos que eviten un mayor acercamiento de Venezuela a otros aliados como Rusia, China o Irán.

En una reunión celebrada el 30 de septiembre entre la primera ministra de Trinidad y Tobago y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, Washington reiteró su apoyo al proyecto, con la condición de que “no proporcione un beneficio significativo al régimen de Maduro”.

Sin embargo, el proyecto no está exento de riesgos. La petrolera estadounidense ConocoPhillips mantiene una sentencia arbitral multimillonaria contra Venezuela por expropiaciones pasadas, lo que podría derivar en embargos sobre los ingresos derivados del gas. Además, un eventual cambio en la política exterior estadounidense podría revertir la autorización, como ya ocurrió en el pasado cuando la administración Trump canceló licencias similares, frenando por completo el desarrollo de Dragón.

Pese a estos desafíos, la decisión actual refleja una estrategia más flexible de Estados Unidos hacia el sector energético venezolano. Si se concreta con éxito, el proyecto Dragón no solo garantizará un suministro energético estable para el Caribe, sino que también podría tener un impacto considerable en el mercado regional de gas y en la reconfiguración geopolítica del sector energético en América Latina.