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La comisión legislativa anunció la audiencia en su página web. A la sesión comparecerán Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para América Latina; Moisés Naím, experto del Carnegie Endowment for International Peace; José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de Human Rights Watch; y el ex embajador estadounidense en Venezuela, Patrick Duddy, según AP.
Desde hace algunas semanas, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente se encuentran inmersos en un proceso de acercamiento para iniciar un diálogo, que cuenta con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
El objetivo de esta discusión es encontrar una solución conjunta a la situación de violencia que vive el país.
Al hablar sobre Venezuela, Jacobson dijo la semana pasada que “es sumamente importante en este momento no solo que las personas hablen entre sí, sino que comiencen a lograr un espacio político mayor para aquellos que no lo han tenido”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo el mes pasado que esperaba recibir detalles de las investigaciones de las autoridades venezolanas de policías y militares que presuntamente usaron de manera excesiva la fuerza, incluyendo torturas, durante las protestas en Venezuela que datan desde febrero.
El Gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas.
Los representantes Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y el republicano por Florida, Marco Rubio, presentaron en marzo un proyecto de ley que pide al presidente Barack Obama sancionar a los funcionarios del Gobierno venezolano responsables de violación de derechos humanos. Un proyecto de ley similar se presentó, de manera simultánea, en la Cámara Baja.
El representante Rubio dijo el viernes que “la crisis política venezolana merece más atención, y me place que el Senado se concentrará en ella la semana próxima”.
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La canciller Rosa Villavicencio confirmó que la delegación nacional no asistió al evento, argumentando que el galardón no debía ser otorgado “a alguien que incita a la agresión”
