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El resumen ejecutivo del reporte, fechado el miércoles, dice que los jefes de los ministerios otorgaron proyectos multimillonarios a compañías eludiendo los procesos de licitación pública y firmaron contratos que no dependían de su autoridad. El reporte completo aún no ha sido divulgado.
El reporte del Senado se sumará a las preocupaciones sobre los miles de millones de dólares en ayuda que fueron prometidos a Haití luego del terremoto del 2010.
Gran parte del dinero fue destinado directamente a organizaciones de asistencia que no mostraron grandes resultados en terreno. El flujo de los aportes se ha desacelerado a medida que se desvanecen los recuerdos de la devastación.
El programa PetroCaribe, en contraste, entregó dinero directamente a las arcas del Gobierno de Haití. La iniciativa, a la que el país se sumó en el 2006, permite que las naciones del Caribe paguen bajos precios por el crudo venezolano, parte del cual debe ser financiado por adelantado y el resto es puesto en un fondo para proyectos sociales y económicos.
El reporte culmina con una investigación del Parlamento liderada por un senador de la sureña ciudad de Jacmel sobre si los fondos de PetroCaribe fueron malgastados bajo los gobiernos previos liderados por los presidentes Rene Preval, bajo cuyo mandato Haití se sumó a la iniciativa, y Michel Martelly, quien dejó el cargo previamente este año.
El reporte pide que se investigue judicialmente a Jean-Max Bellerive, primer ministro durante el gobierno de Preval; Laurent Lamothe, primer ministro bajo Martelly; a los ex ministros de Finanzas, Obras Públicas, Planificación, Agricultura y Salud; a la Oficina de Monetización de Ayuda y Programas de Desarrollo; y a miembros de un comité del Ministerio de Planificación.
También pide que ciertas compañías que recibieron fondos bajo el programa regresen el dinero y solicita investigaciones por cobros excesivos y violaciones a contratos.
"Las libertades tomadas por las sucesivas administraciones con la ley, las maniobras o estrategias utilizadas para eludir a la ley, la ligereza con la que se trató a algunos expedientes, los cobros excesivos y otros derivados, la falta de ética demostraron que las sospechas de la opinión pública estaban bien fundadas", dice el resumen.
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