Grupos adeptos al Gobierno de Venezuela irrumpieron el miércoles en la sede de la Asamblea Nacional
Seguidores del Gobierno de Venezuela irrumpieron el miércoles en la sede de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dejando tres diputados y dos empleados heridos, de acuerdo con testigos de Reuters.
La invasión del recinto legislativo en el centro de Caracas, otro episodio de convulsión en el atribulado país que ha estado sumido en protestas casi a diario desde abril, ocurrió al término de una sesión especial por el Día de la Independencia.
"Entraron armados, haciendo tiros, entraron con piedras, entraron con palos, atracaron a una cantidad de personas", dijo a periodistas el diputado opositor Tomás Guanipa.
Imágenes de televisión mostraron a dos legisladores de oposición con sus rostros bañados en sangre.
Testigos de Reuters confirmaron que algunos de los que ingresaron al Parlamento tenían palos, tubos metálicos y piedras mientras se escuchaban detonaciones y explosiones -posiblemente de fuegos artificiales- y pidieron a los camarógrafos dejar sus cámaras en el suelo.
No quedó claro de inmediato qué pretendieron los seguidores del Gobierno con su irrupción, que duró menos de media hora.
Poco después, la Asamblea Nacional aprobó en una sesión plenaria la convocatoria a una consulta popular el 16 de julio para preguntar a los venezolanos, entre otras cosas, si quieren adelantar los comicios presidenciales previstos para fines del 2018.
El presidente Nicolás Maduro, que cuando ocurrió el episodio participaba de un desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia en otro punto de la ciudad, condenó los hechos de violencia y ordenó investigarlos.
Reaparece el piloto
En la madrugada, el prófugo policía Óscar Pérez, que había robado un helicóptero y atacado sedes oficiales la semana pasada en Caracas, reapareció en un video difundido en internet y prometió luchar por "la liberación" de su país.
La oposición exige la celebración de elecciones generales para poner fin al gobierno socialista, al que califica de dictatorial, una salida a la aguda crisis económica que vive la nación petrolera y la liberación de políticos presos.
Durante los tres meses de protestas en las calles han muerto unas 90 personas.
El presidente Maduro dice que sus adversarios están buscando un golpe de Estado violento con el apoyo de Estados Unidos. Y ha convocado para el 30 de julio a la elección de una Asamblea General Constituyente que reescriba la carta magna con el argumento de pacificar al país.
La oposición rechaza la iniciativa, dice que es inconstitucional y planea preguntar en la consulta popular a los venezolanos si apoyan el plan constituyente del mandatario.
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