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Federico Boyd, ministro de Comercio e Industria de Panamá.
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El ministro de Comercio e Industrias de Panamá mostró su preocupación por la no aprobación del proyecto. Según él, representaría hasta 4,6% de su PIB
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en primer debate el Contrato Ley 1100 sobre la concesión minera entre el Estado de Panamá y la Sociedad Minera Panamá.
El resultado de la votación fue de 7 a favor versus 2 en contra. Los puntos más fuertes en la discusión se centraron en el temor por las posibles expropiaciones en las áreas y el destino final de los ingresos, uso del agua, espacio aéreo y otras afecciones ecológicas que se pueden dar producto de las extracciones.
El proyecto fue presentado por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Boyd, quien en medio de la discusión se mostró preocupado por una posible desaprobación del contrato. Según el jefe de la cartera la no aprobación llevará a la pérdida de 7.000 empleos directos y otros 40.000 indirectos.
Aseguró, además, que la negativa le puede costar al país entre 4% y 4,6% de su PIB. Esto teniendo en cuenta que la empresa minera podría haber optado por demandar a Panamá por US$100.000 millones.
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